En efecto, es la acción mínima que aplica frente a esta brutal afrenta, pero… ¿por qué quedarse sólo en la exigencia de la presentación de sus compañeros, mientras los perpetradores de la barbarie siguen masacrando al pueblo? Estoy hablando de la mafia que impuso a Peña Nieto. ¿Por qué no continuar el movimiento, pero para echarlos del poder y asegurar que estos crímenes no vuelvan a cometerse?
Laura Cordero
Sinembargo
Ciudad de México, 10 de octubre (SinEmbargo).– Arturo Hernández, Omar García Velázquez, David Hernández Ríos y José Solano Ramírez, alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, en Tixtla, Guerrero, aseguraron –tras la gran convocatoria que tuvo la marcha nacional y mundial el pasado miércoles– que continuarán con manifestaciones hasta que aparezcan sus 43 compañeros, que llevan 14 días desaparecidos.
Los jóvenes afirmaron que debido a la indignación y el eco que ha tenido el caso, “nos obligan a seguir con nuestras movilizaciones, a seguir presionando al gobierno mexicano y estatal a que no cesen en la búsqueda y en la responsabilidad que tienen como Estado mexicano”.
Al tiempo que los normalistas reafirmaban su apoyo, la credibilidad del Presidente Enrique Peña Nieto se tambaleaba con la publicación de The Economist en la que cuestionó la estrategia contra la violencia en el país y cómo no estaba dando resultados. El mandatario calificó los hechos como ”verdaderamente inhumanos” y dijo que la “barbarie que no pueden distinguir a México”.
Omar García Velázquez reiteró que las autoridades “tratan de desviar la atención presentando sólo la versión que fue la delincuencia organizada cuando hay testigos y los mismos estudiantes han dado testimonios ante la Procuraduría del Estado y ante organismos de derechos humanos que estuvieron ahí y vieron las violaciones, ejecuciones extrajudiciales y quienes se los llevaron fueron agentes de la Policía Municipal”.
Pero el Gobernador Ángel Aguirre Rivero, acusado de convertir al estado en una crisis de inseguridad, rechazó haber ordenado la muerte y desaparición de normalistas y pidió a organismos internacionales indagar la desaparición de 43 normalistas en Iguala.
Ayer, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, quien hace ocho días recibió a un grupo de padres de familia en las instalaciones de Bucareli, no arribó a la mesa de diálogo que entablaría con los jóvenes estudiantes. Tampoco llegó el Secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Garnelo.
En respuesta, los jóvenes anunciaron la creación de una Comisión Civil de Interlocución, integrada por activistas, académicos y defensores de derechos que tendrán como misión intervenir y dar seguimiento a los tres niveles de gobierno en los resultados que las mismas autoridades realicen sobre el caso.
Se reunirán con el gobierno federal, con la Procuraduría, “con quien haya que reunirse para revisar y dar seguimiento a la búsqueda que realizan”, dijo Omar García.
“Nosotros como Normal de Ayotzinapan, los hemos facultado y les hemos dado nuestro voto de confianza para que realicen su trabajo. Las autoridades, antes de dar un mensaje a los medios de comunicación, deben informar a los padres de familia a través de esta comisión recién formada”, expuso.
El joven normalista, quien también participó en la marcha del pasado miércoles, dijo que tanto el gobierno federal como el estatal, así como los diferentes partidos políticos, “están sacando provecho de esta situación y unos a otros se echan la responsabilidad”.
“Nosotros responsabilizamos de que este es un problema de Estado, y no tienen porqué aprovecharse de la situación ni armar teatros en de que uno y otro tuvo la responsabilidad. El Estado mexicano tiene que aceptarla como tal e intervenir. Lo denunciamos porque por un lado el gobierno estatal no ha dado resultados y por otro el gobierno federal ha hecho caso omiso y no ha intervenido adecuadamente ni en el tiempo que tendría que haberlo hecho. Tardó 10 días en decir si intervenía o no en el momento”, dijo.
Por otra parte, uno de los abogados que lleva el caso, Vidulfo Rosales Sierra, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, aseguró que las autoridades no han proporcionado información clara a los padres de familia y estudiantes ni que permiten la participación de los mismos en las investigaciones.
Dijo que hasta el momento no se sabe cuántas averiguaciones previas hay sobre el caso, tampoco cuántos expedientes de investigación se han abierto. “Genera incertidumbre para las víctimas”, dijo.
Vidulfo Rosales mencionó también que los Ministerios Públicos de Guerrero carecen de una perspectiva de derechos humanos y eso genera problemas y obstáculos para el avance de la investigación. “No se ve el compromiso del Presidente de la República, ni del Gobernador, en avanzar sustancialmente en los hechos”, afirmó.
Un equipo forense proveniente de Argentina trabaja en el caso, sin embargo, el abogado dijo que hay obstáculos para que se pueda abocar en la identificación inmediata de los cuerpos hallados en las fosas.
“Mientras estos elementos no puedan avanzar, las investigaciones irán lentas y el proceso de búsqueda también”, agregó.
“Hay peritajes oficiales que están haciendo los gobiernos federal y estatal, pero los padres de familia sólo confían en el equipo argentino”, aseguró el abogado, por lo que se le pidió a las autoridades que se les otorguen todas las facilidades para su trabajo. “La escuela Normal de Ayotzinapa, ni los padres de familia van a aceptar ningún peritaje si no está avalado por el equipo argentino”, dijo.
El padre Miguel Concha Malo, afirmó que exigirán “al Estado mexicano que nos rinda cuentas, que no ande jugueteando con las competencias de un lado para otro, que no tenga trabas para llevar a cabo investigaciones eficaces, que no siga poniendo obstáculos para que el equipo de antropología forense pueda llevar a cabo su trabajo”.
“El pueblo de México quiere paz, verdad, justicia, reparación de daños, garantías reales de que no se vuelvan a realizar este tipo de tragedias”, dijo.
Agradeció la confianza que les otorgaron los estudiantes y asumió con toda integridad y compromiso la tarea que “nos han depositado en las manos”.
“Se pide una rendición de cuentas a nombre de ellos y de todo México. Ya no se puede permitir ni aceptar que se sigan cometiendo este tipo de delitos que con razón han sido calificados de lesa humanidad”, dijo.
AGUIRRE OFRECE SU CABEZA
Ayer mismo, el Gobernador Ángel Heladio Aguirre Rivero, dijo estar dispuesto a que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice una consulta invocando el Artículo 35 constitucional para determinar si permanecerá en su puesto.
“Yo no me voy a ir por los opinotecnócratas, quienes desconocen nuestra realidad […] que sean los guerrerenses que determinen si Aguirre se va o se queda”, manifestó el mandatario perredista en conferencia de prensa.
Rechazó haber ordenado la muerte y desaparición de normalistas en Guerrero y pidió a organismos internacionales indagar la desaparición de 43 normalistas en Iguala.
El Gobernador de Guerrero manifestó que no se detuvo al Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, porque contaba con fuero; además afirmó que en varias ocasiones manifestó que era necesario actuar con determinación no sólo en Iguala sino en varios municipios “que sabemos se encuentran cooptados por la delincuencia organizada”.
“Ahí le consta al delegado de la PGR y al de la CISEN que una y mil veces dijimos que era necesario que se actuara con determinación no sólo en Iguala sino en varios municipios que sabemos se encuentran cooptados por la delincuencia organizada”, indicó.
“Nosotros con nuestras limitaciones hemos enfrentado el problema”, aseguró. “No voy a estarme escondiendo de nada”, reiteró el mandatario y agradeció las muestras de apoyo y solidaridad de los guerrenses”.
PGR HALLA CUATRO FOSAS MÁS
El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, también anunció ayer la detención de cuatro personas más ligadas con el asesinato de los tres estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa y otras tres personas –incluido un menor de edad– entre el 26 y 27 de septiembre pasados. Con esto el número de detenidos llegó a 34 personas.
Además, en conferencia de prensa, dijo que localizaron otras cuatro fosas clandestinas en las cercanías de Iguala, pero no precisó cuántos cuerpos fueron localizados. En esas fosas hay peritos que están realizando las indagatorias para, posteriormente, informar los detalles.
El fin de semana pasado, elementos de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJE) encontraron cinco fosas, de las que extrajeron los restos de 28 personas, a los que se les están haciendo pruebas de ADN para lograr su completa identificación.
El Procurador también dijo que una de las prioridades de la investigación que realiza la PGR es la captura del ahora Alcalde con licencia de Iguala, el perredista José Luis Abarca Velázquez, así como la de su esposa María de los Ángeles Pineda Villa. Ambos están acusados de tener vínculos con el crimen organizado. En el caso del Edil, los testigos y las evidencias lo colocan como el principal responsable de ordenar la violencia contra los estudiantes normalistas.
Otro objetivo prioritario, dijo el Procurador, es detener al titular de la Secretaría de Seguridad Publica municipal en Iguala, Felipe Flores Velázquez. El funcionario, ahora también prófugo, es además primo y compadre del Presidente municipal Abarca Velázquez y testigos también lo señalan como el que dio la orden del arresto de los jóvenes.
Además, la Secretaría de Marina (Semar) detuvo en Cuernavaca, Morelos, a Salomón Pineda Villa, alias “El Molón”, miembro del Cártel “Guerreros Unidos” y hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del Alcalde José Luis Abarca Velázquez.
“El Molón” estuvo preso en el Cefereso de Tamaulipas por delitos contra la salud y fue liberado en 2013. También es hermano de Mario Pineda Villa, alias “El MP”, y José Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, señalados como miembros del crimen organizado y quienes fueron asesinados en 2009.
EPN: UNA BARBARIE, EL CASO
Por su parte, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, aseguró que los hechos como los que ocurrieron en Iguala, Guerrero, son “verdaderamente inhumanos y de barbarie que no pueden distinguir a México”.
El mandatario se reunirá este día con los gobernadores del país para lograr una coordinación y dar resultados a la población.
Insistió en que se están acelerando los trabajos de investigación para ir a la profundidad del caso, para que no quede impune y “tope donde tope, llegar a los responsables”, quienes permitieron o solaparon estos hechos.
Peña Nieto precisó que recientemente se reunió con el gabinete de seguridad, toda vez que “no cabe menor resquicio de impunidad”.
“No se pueden ignorar estos hechos, que sin duda han causado una enorme indignación y consternación no solo entre los mexicanos sino también entre personas de distintas partes del mundo, quienes han expresado su repudio ante lo ocurrido en Iguala, Guerrero”, aseveró.
En contraparte, The Economist publicó un artículo donde asegura que la credibilidad del mandatario mexicano está en juego por el caso Ayotzinapa.
La revista británica da cuenta cómo la administración Peña Nieto ha tratado de restar importancia a la violencia de México y promocionar, por el contrario, el potencial económico del país. Sin embargo, dice el medio, “casos como este [de Iguala] muestran cómo entierra la cabeza en el suelo”.
ABARCA RESPONDERÁ: PGJE GRO
Ayer por la mañana, el Procurador General de Justicia de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo que el Alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, “fue omiso en tomar los cuidados necesarios para preservar la integridad física de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y de la población en su conjunto, lo cual se tradujo en la comisión de múltiples conductas ilícitas”.
Indicó que el Edil deberá responder por los señalamientos en su contra como probable responsable de los homicidios, lesiones y desapariciones forzadas. “El hoy Alcalde con licencia, José Luis Abarca Velázquez, fue omiso en tomar los cuidados necesarios para preservar la integridad física de los estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos y de la población en su conjunto, lo cual se tradujo en la comisión de múltiples conductas ilícitas”.
El Procurador informó que 22 policías municipales de Iguala detenidos fueron trasladados a un penal federal de alta seguridad de Nayarit.
Sobre los 28 cuerpos hallados en seis fosas clandestinas, informó que ya se trabaja en la identificación de los mismos para saber si se trata de los normalistas, pero que los resultados estarán listos en un periodo de dos semanas a dos meses.
Más tarde, la Secretaría de Marina (Semar) detuvo en Cuernavaca, Morelos, a Salomón Pineda Villa, alias “El Molón”, miembro del Cártel “Guerreros Unidos” y hermano de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca Velázquez. Ambos están prófugos de la justicia.
“El Molón” estuvo preso en el Cefereso de Tamaulipas por delitos contra la salud y fue liberado en 2013. También es hermano de Mario Pineda Villa, alias “El MP”, y José Alberto Pineda Villa, “El Borrado”, señalados como miembros del crimen organizado y quienes fueron asesinados en 2009.
“Guerreros Unidos” es una escisión del cártel de los Beltrán Leyva.
La agrupación es señalada como la responsable, con el apoyo de agentes municipales, del asesinato de tres normalistas y el secuestro de otros 43, ocurrido el 27 y 28 de septiembre pasados. Además está relacionada con la muerte de las 28 personas halladas en cinco fosas clandestinas en Iguala.
