REFORMA / Redacción
Morelia, México (22 mayo 2014).- El cartel de «Los Caballeros Templarios» pagaba un sueldo mensual de 15 mil pesos a mandos policiacos de Michoacán para tenerlos a su servicio.
Así lo revela un comunicado emitido esta noche por la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE), a raíz del auto de formal prisión que se decretó contra 29 servidores públicos municipales.
«La Procuraduría General de Justicia del Estado, obtuvo de un Juez Penal de este Distrito Judicial, auto de formal prisión en contra de 29 servidores públicos, entre los que se encuentran los directores de Seguridad Pública de Chilchota, Tangancícuaro y Purépero», destacó.
Detalló que 18 servidores públicos son de Chilchota, entre ellos el director de Seguridad Pública.
En este caso, el juez penal resolvió auto de formal prisión por la comisión de los delitos de secuestro, homicidio, privación de la libertad y contra el Sistema de Seguridad Pública.
«Lo anterior, luego de que se encontraron constancias que sustentan la probable responsabilidad de los policías municipales, en virtud de que sus actos y omisiones contribuyeron a facilitar la operación de unos secuestradores y que derivado de esto se registró un enfrentamiento en el que murieron cinco personas, entre ellas, un jefe de grupo de la Policía Ministerial.
«Asimismo, al acreditarse el trabajo de vigilancia e información que realizaban para favorecer las actividades delictivas de un grupo delincuencial», indicó.
El juez penal también dictó auto de formal prisión contra 11 servidores públicos de los municipios de Tangancícuaro y Purépero, por su probable responsabilidad en Delitos contra el Sistema de Seguridad Pública.
La PGJE señaló, sin citar por su nombre a los templarios, que estos servidores públicos brindaban servicios de información para un grupo delincuencial.
«Por esa actividad los directores de las corporaciones policiacas recibían un pago mensual de 15 mil pesos, además de que se les dotaba de equipos de comunicación para cumplir con dicha responsabilidad», reveló.
Entre la información que proporcionaban estaba la incursión o presencia en la zona por parte de las Fuerzas Federales, Ejército Mexicano o personal de la Policía Ministerial.
«Toda la información que recibían los mandos municipales, de inmediato era comunicada a un líder de una organización delincuencial», precisó la PGJE.
Con estos suman 43 servidores públicos de Chilchota, Tangancícuaro y Purépero que ya enfrentan procesos penales por la comisión de diversas conductas ilícitas.
