Redacción Quadratín
Las cuatro solicitudes de consulta popular propuestas con base en la reforma electoral representaron para el Instituto Nacional Electoral (INE) un gasto de 30 millones de pesos en personal y arrendamiento de espacios y equipo para cumplir con la verificación de 16 millones, 117 mil 846 firmas de apoyo entregadas y que se irán a la basura tras el rechazo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hasta ahora, la Corte desechó las solicitudes del PAN sobre los salarios mínimos, y las dos del PRD y del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para echar abajo la reforma energética; la próxima semana se resolverá la del PRI para reducir la integración del Congreso, aunque El Universal adelantó el viernes que el dictamen perfila el mismo destino de las otras.
Los recursos utilizados por el INE fueron obtenidos por reasignaciones de su presupuesto, porque para el cumplimiento de sus nuevas facultades ya había solicitado en junio una ampliación de recursos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y hasta el 3 de septiembre recibió la primera petición de consulta popular.
El INE está obligado por la Constitución y la Ley Federal de Consulta Popular a verificar que cada solicitud cumpla con un número de ciudadanos solicitantes, equivalente al menos a 2% de la Lista Nominal de Electores, que se sitúo en un millón 541 mil 503 ciudadanos, y realizar una revisión muestral de los apoyos. La SCJN fue facultada para revisar la constitucionalidad de las consultas y validar las preguntas de las mismas.
De acuerdo con información de la autoridad electoral, de los 30 millones de pesos para las consultas, se destinaron 16 millones en recursos humanos y el resto en la adquisición de arrendamiento de espacios, equipos y acondicionamientos realizados en las instalaciones del Centro Mixcoac del Registro Federal de Electores (RFE) y el Centro de Evaluación de la Facultad de Medicina de la UNAM.
Para el INE significó prácticamente un mes de trabajo, en el que no descansó el personal del RFE asociado a la verificación, más mil 700 personas contratadas para realizar labores de captura y supervisión que trabajó sábados y domingos de manera ininterrumpida, hasta en tres turnos, para cumplir con los plazos de 30 días para la entrega de los informes a las cámaras de diputados y senadores.
Las cuatro solicitudes de consulta popular fueron recibidas en un total de 623 cajas y, de acuerdo con los informes presentados por el Instituto, fueron 16 millones 117 mil 846 de registros de credenciales de elector a revisar en las bases de datos del RFE, y que tras ello quedaron 11 millones 598 mil 980 registros válidos.
Entre los trabajos efectuados por el INE estuvo la revisión de datos incompletos, falsos o erróneos, ilegibles, bajas, sin firma o huella, en cuyo caso fueron clasificados como “no encontrados” y su existencia de la lista nominal con firma o huella como “encontrados”.
También requirió visitar al menos 850 domicilios de los firmantes para conocer si en realidad apoyaban o no la consultas.
Para la consulta del PRD se entregaron 4.2 millones de firmas; en el caso de Morena 2.8 millones; en la del PAN 2.5 millones, y respecto a la consulta del PRI, 6.4 millones de registros.
Andrés Manuel López Obrador, fundador de Morena, anunció ayer que impugnará la decisión de la SCJN ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un documento elaborado por la abogada Loreta Ortiz.
