ROBERTO RAMÍREZ BRAVO
La Jornada
Ninguna ley obliga al gobierno del estado a brindar seguridad particular a ex funcionarios públicos, dirigentes políticos, legisladores, ni empresarios, y quien asigna esas escoltas comete un ejercicio indebido del servicio público, lo cual es un delito, advirtió el abogado penalista Rómulo Reza Hurtado.
Consultado sobre la denuncia del ex secretario de Desarrollo Social, David Jiménez Rumbo, de que el gobernador Ángel Aguirre Rivero le quitó las escoltas –dos años después de que dejó el cargo–, Reza Hurtado afirmó que sólo para el secretario de Seguridad Pública y el procurador se establece la seguridad personal hasta dos años después de dejar el cargo, el resto, si quieren tenerla, dijo, deben cubrirla por cuenta propia.
El jurista señaló que no solamente está el caso de Jiménez Rumbo, sino que hay otras personas con privilegios políticos y empresarios, quienes cuentan con escoltas a cargo del gobierno estatal, lo cual señaló que es irregular.
Se trata, dijo, de convenios políticos que no están respaldados por ninguna ley; sin embargo, los policías que se asignan a estos personajes deben ir a dar seguridad a toda la población donde hay mayores índices de violencia, o en su caso, a hacer investigación de los delitos en la Procuraduría.
“Es una desviación de recursos, porque debería estar aplicado para la sociedad en su conjunto, no en individuos en particular. Todos los individuos son iguales ante la ley, pero aquí ya hay privilegios. No estamos iguales”, señaló.
Explicó que corresponde a la Procuraduría indagar la comisión del posible delito, y a las contralorías internas tanto de la PGJE como del gobierno del estado aplicar las sanciones administrativas que correspondan por esta situación.
En cuanto a los políticos que cuentan con guardias del gobierno estatal, señaló que no hay razón, pues “se supone que la actividad política no es una función de peligro; es más peligrosa la función de un periodista, que de un político, salvo que éstos anden metidos en otras cosa que no le corresponden”.
Los únicos casos en que sí se puede asignar seguridad es cuando por recomendación de las comisiones de derechos humanos se otorguen medidas cautelares para proteger la vida de activistas o luchadores sociales, dijo.
