Shaila Rosagel
Sinembargo
Ciudad de México, 29 de mayo (SinEmbargo).– “Oiga, ¿cuándo va a recibir a las víctimas de feminicidios?”, se le preguntó al «mandatario» del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, en una conferencia de prensa donde él y el «Gobernador» de Puebla, Rafael Moreno Valle, eran los protagonistas, luego de que el Doing Business 2014 otorgó altas calificaciones a sus entidades por las facilidades para hacer negocios.
Ávila Villegas, quien recién acababa de ser elogiado por Moreno Valle, se quedó callado, enrojeció y dio por terminada la conferencia realizada en el Distrito Federal.
Se hizo el silencio y trató de salir por la puerta trasera, pero estaba cerrada. Se encaminó hacia la entrada principal del salón Don Alberto del Hotel Hilton y se le volvió a preguntar:
“¿Cuándo va a recibir a las víctimas de feminicidios? Ellas dicen que usted no las recibe”.
El priista Eruviel Ávila negó con la mano y siguió caminando apresurado hacia la salida, mientras una mujer le pedía tomarse una foto con ella.
Eruviel desapareció con sus escoltas, mientras Moreno Valle se quedó dando entrevistas sobre las ventajas de invertir en Puebla. Ávila Villegas no contestó sobre las víctimas de feminicidio, guardó silencio, pero sí presumió que su estado ocupa el lugar número nueve –de acuerdo con el Doing Bussines– en facilidades para abrir una empresa y para hacer negocios.
Ayer, activistas denunciaron que el grupo de trabajo conformado por instancias federales para investigar el problema de los feminicidios en el Estado de México –que hoy presentó su informe a la Secretaría de Gobernación (Segob)– ignoró a las organizaciones civiles y a las víctimas, por lo que “sus resultados están sesgados”.
De acuerdo con Yuridia Rodríguez Estrada, asesora jurídica del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ni la administración del Gobernador priista Eruviel Ávila Villegas ni el grupo de trabajo para investigar los feminicidios del gobierno federal se acercaron a los familiares y a las organizaciones civiles.
“Lo que queremos es que se revise expediente por expediente, que se hable con los familiares de las víctimas, que incluyan a la sociedad civil, pedimos que tomen en cuenta un estudio alterno de nosotros sobre lo que está pasando”, exigió.
Diversas organizaciones de derechos humanos y derechos de la mujer ganaron un amparo después de que las autoridades del Estado de México y el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SPASEVEM), se negaron activar la alerta de género en el Edomex en 2011 sin sustentar su motivo.
Se nombró un grupo de trabajo y la fecha límite para rendir su informe se venció este jueves. Sin embargo, en los días previos, ni las autoridades federales ni el Gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, recibieron a las activistas y a los familiares de las víctimas en esa entidad.
“La semana pasada pedimos una reunión a Eruviel Ávila para conocer el informe que presentará al grupo del trabajo, se hizo una carta, pero ese día se les cerraron las puertas de Palacio de Gobierno a los familiares, entraron los activistas y familiares y un encargado les dijo que había cosas más importantes que atender. Nos han dicho que nos van a canalizar con la persona competente y nosotros no queremos que nos manden con nadie, la solicitud era con Eruviel, queremos ver con quién de tercero o cuarto nivel de poder nos van a mandar”, explicó Rodríguez.
NO A LA ALERTA DE GÉNERO
La declaratoria de alerta de género para el Estado de México ha sido negada en tres ocasiones y actualmente se analiza una solicitud aún con el viejo reglamento que estaba vigente el año pasado, el cual contempla que los encargados de evaluar la procedencia de la alerta es un grupo de trabajo conformado por representantes de la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto Nacional de las Mujeres y la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo y a pesar de que entre 2005 y 2010 se registraron 923 casos de feminicidios en la entidad y entre 2011 y 2012 se sumaron otros 600, el gobierno de Eruviel se resiste a admitir la necesidad de alertar a la sociedad.
“Nos preocupa también el silencio y la cerrazón del gobierno federal, le hemos solicitado a la Secretaría de Gobernación que nos reciba y nos diga cuál es su metodología, porque el 29 de mayo es la fecha límite de su informe [hoy] y no sabemos cómo va a venir”, expuso.
La activista indicó que de los 600 feminicidios ocurridos entre 2011 y 2012, el gobierno de Ávila Villegas sólo reconoció 145, debido a que carece de una metodología clara que permitan calificar cuál sí y cuál no, es un delito con esas características.
Rodríguez Estrada explicó que uno de los datos más alarmantes es, que en el Estado de México en 18 meses desaparecieron 955 mujeres, de las cuales en 60 por ciento de los casos entre 11 y 20 años de edad. “Al final nos dicen ‘se fue con el novio’, que nos digan cuántas se fueron con el novio y dónde están”, expuso.
Por su parte, Amnistía Internacional (AI) informó el miércoles que el SPASEVEM deberá presentar el informe sobre de la situación de violencia contra la mujer en el Estado de México ante la sociedad civil para mostrar su transparencia y la debida diligencia en la investigación.
“Es fundamental que las autoridades demuestren que la investigación ha sido llevada a cabo por expertos en la materia con calidad, profundidad e imparcialidad. Por esta razón las autoridades deben exponer la investigación al escrutinio de las organizaciones que han seguido la situación de violencia contra la mujer en el estado durante años”, exigió la Organización No Gubernamental (ONG).
Este paso es esencial para mostrar que tanto las autoridades del Estado de México como los representantes del SPAVSEM se resistieron a la alerta de género en diferentes estados, a pesar de los reclamos legítimos de familias y organizaciones de la sociedad civil.
“Si la alerta de género, como elemento central de la legislación para combatir la violencia contra las mujeres, va a ser efectivo y un recurso sustantivo en situaciones de gravedad en diferentes regiones del país, las autoridades deben demostrar la debida diligencia en su actuación. De no ser así, será otra indicación de la falta de prioridad política para combatir la violencia generalizada contra las mujeres y será una garantía de impunidad a quienes la perpetran”, anunció la organización.
