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En decenas de juntas auxiliares, sobre todo en las que los presidentes subalternos están sublevados contra el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y su política represiva, ayer empezaron a recibir la visita de supuestos operadores morenovallistas, que llegaron con un objetivo básico: empezar a soltar “cañonazos”, consistentes en promesas de obras, servicios públicos y atender demandas sociales, como condición de que no participen en la marcha que el próximo lunes se dirigirá al Distrito Federal para denunciar el ambiente violento que se vive en el estado de Puebla.
Moreno Valle sabe que si la crisis política que sufre su imagen personal y su gobierno siguen escalando en la opinión pública y el ámbito político nacional, se pondrán en riesgo no sólo sus ilusiones de ser candidato presidencial, sino la estabilidad de su administración y hasta su posible permanencia como jefe del Poder Ejecutivo de Puebla.
Frente a esos posibles escenarios catastróficos el mandatario está optando por medidas extremas, como es intentar comprar conciencias, así como desplegar una abrumadora campaña de videos y sitios en internet para intentar aparentar que las víctimas de los hechos violentos del 9 de julio, en San Bernardino Chalchihuapan, fueron los granaderos y no los pobladores, incluido al niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, a quien le volaron una parte del cráneo.
Por eso el principal ofrecimiento que están haciendo los supuestos operadores morenovallistas que recorren las juntas auxiliares es: que en menos de una semana habrá respuesta y solución a todo. En menos de 24 horas se firmarán los compromisos que se soliciten.
Un ejemplo de lo anterior se vivió este miércoles en San Martín Tlamapa, del municipio de Santa Isabel Cholula, y en Los Reyes Tlanechicolapa, que es una comunidad de San Jerónimo Tecuapanipan, en donde se presentó un hombre que dijo llamarse Leonel Hernández y que aparentemente es funcionario de la Secretaría General de Gobierno (SGG), quien buscó a los miembros de los gobiernos subalternos y pedirles una lista de obras y necesidades sociales que deben ser atendidas.
El hombre, luego de escuchar las peticiones, anotarlas en supuestas minutas de trabajo y comprometerse a que antes de una semana la mayor parte de las demandas estarán satisfechas, les pidió a los ediles auxiliares desistirse de acudir a las movilizaciones que están programadas la próxima semana a la capital del país para protestar por la crisis política que se vive en el estado.
Dicho de otra manera, el gobernador está volteando a ver a las autoridades subalternas a las que hasta hace apenas unos días les manifestaba su abierto menosprecio, al quitarles dos de sus funciones básicas, que son el manejo de la seguridad pública y el registro civil.
Lo que se quiere evitar a toda costa –por parte de los aparentes operadores morenovallistas– es que se realice la marcha que el próximo lunes pretenden hacer unos 150 ediles auxiliares hacia las oficinas de Miguel Ángel Osorio Chong, el titular de la Secretaría de Gobernación, en la que se busca pedir una pronta intervención del gobierno federal para frenar la barbarie de Rafael Moreno Valle, quien a la menor provocación manda a reprimir a quien se le ponga enfrente, sin importar si son mujeres o niños.
Una fuente confiable reveló a este columnista que la necesidad de buscar, a como dé lugar, parar el malestar de los ediles subalternos se intensificó la tarde del martes, cuando a la SGG llegaron los reportes de que al sepelio del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo –quien fue la primera víctima de la llamada #LeyBala– llegaron unos 120 alcaldes subalternos que ya habían estado participando en la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP).
Y que aparte de los alcaldes anteriores, se contaron a unos 15 ediles más, que son de la capital del estado, del sur y el norte de la entidad, que sin estar integrados a la CEDIP, sin vivir cerca de Chalchihuapan, llegaron de manera voluntaria al entierro del niño que perdió la vida por el impacto de una bala de goma de la Policía Estatal.
Esa situación es una muestra del enorme agravio que existe en las juntas auxiliares contra el gobierno morenovallista.
El nerviosismo de Moreno Valle y los funcionarios de la SGG se ha de haber acrecentado por el pronunciamiento de los senadores priistas, quienes sin ningún menoscabo han calificado como “política criminal” el comportamiento del gobierno morenovallista y que causó la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.
Todo ello es indicativo de que a nivel federal no se quiere perder la oportunidad de debilitar al único político opositor que se perfilaba para ser candidato presidencial para el año 2018. Y que esta situación se da sin que exista algún complot en contra del mandatario poblano; todo es consecuencia del autoritarismo que caracteriza a Moreno Valle.
Fue Moreno Valle quien permitió que luego de un conflictivo proceso electoral de renovación de las presidencias de juntas auxiliares, hace unos tres meses, a los presidentes subalternos se les quitaran sus funciones primordiales, lo cual significó darles un mensaje de que: te dejo ganar la elección, pero no te dejo gobernar.
Cuentan algunos testigos que cuando empezaron a brotar las quejas por el retiro del registro civil de esas comunidades, las primeras respuestas que hubo de altos funcionarios morenovallistas fue: “Lo que queremos es que desaparezcan las juntas auxiliares”.
Ahora los morenovallistas se tienen que tragar sus palabras, su soberbia, su autoritarismo, su irracionalidad, y buscar frenar la rebelión de los ediles auxiliares, que está justificada, es legítima y necesaria para el régimen de libertades en el estado.
