En lugar de correr al criminal Peña Nieto y su pandilla, que son la causa de todo esto, se dedican a combatir las consecuencias aisladas: Ayotzinapa por acá, la contrarreforma educativa por allá… y ahora la privatización del agua. Es importante movilizarse, sí, pero todo esto se habría evitado si las movilizaciones para correr al usurpador se intensificaran rumbo al paro nacional absoluto. Pero no. La consigna es simular que se lucha, cumplir con el trámite y que arda troya. Hacerle el cuento «combatiendo» el síntoma (las contrarreformas) en lugar de acabar con la enfermedad que los causa (la imposición de Peña por sus jefes empresarios) está llevando al país a su perdición.
Matilde Pérez U.
La Jornada
La Ley General de Aguas, aprobada el miércoles en comisiones de la Cámara de Diputados, es “subastar la vida” y dejar al mejor postor el vital líquido; los legisladores y el gobierno sólo están provocando al avispero, asentaron agrupaciones campesinas y sociales.
Agregaron que recurrirán a movilizaciones, a amparos, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a organismos internaciones defensores de derechos humanos para protestar por esta privatización que elimina del derecho al agua y a la vida.
La Convención Nacional Indígena expuso: “es un acto irracional de los diputados y su determinación afectará en el futuro inmediato en el costo de los alimentos. Es la gota que derramará el vaso, pues es un recurso fundamental para la vida y la producción agropecuaria. Es una situación que debe interesar a toda la sociedad”.
Max Correa, dirigente de la Central Campesina Cardenista e integrante de la citada convención, hizo un llamado a las agrupaciones sociales y campesinas, a la población para unirse en contra de dicha ley, ya que se entrega a empresas privadas el recurso vital para la producción de alimentos y de diversas actividades. “Los legisladores están provocando un problema social muy serio”, acotó.
La Asamblea Regional de Afectados Ambientales de Jalisco advirtió que dicha ley es “retroceder a la época de Porfirio Díaz, cuando se entregaron también ríos, recursos naturales a empresas privadas. Aquí en Salto Huaxtla se entregó en 1853 el agua del río a Manuel Cuesta Gallardo para hacer la presa Corona; con esa obra manejó el recurso y se hizo millonario.
Dicha ley, abundaron integrantes de la agrupación, es “una trampa”, ya que entregan a la iniciativa privada la potabilización del agua, lo cual en esta región de Jalisco ya sucede debido a que las industrias al verter sus desechos al río lo contaminaron y la gente tiene que comprar agua para beber y cubrir sus necesidades más elementales. “Los legisladores van en contra de las políticas universales del derecho humano al agua”.
Marco Antonio Ortiz, de la Coordinadora de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, advirtió que los ejidatarios y campesinos no se quedarán con los brazos cruzados; “saldremos a las carreteras, las ciudades, las calles, recurriremos a foros internacionales, adonde sea necesario hasta que el gobierno entienda que ¡basta de despojos!”
