Para no variar, se cometieron violaciones graves a derechos humanos de los detenidos del 20 de noviembre

Arcelia Maya
Reforma (Foto: La Jornada)

Cd. de México, México (23 noviembre 2014).- Organizaciones sociales y familiares de los 11 detenidos el 20 de noviembre en el Zócalo señalaron violaciones graves al debido proceso y a los derechos humanos de los inculpados.

En conferencia de prensa, afirmaron que a los jóvenes se les impuso un defensor asignado por la Procuraduría General de la República (PGR) y no se le permitió que eligieran un abogado.

Además, fueron incomunicados y trasladados sin que su familia lo supiera.

Jesús Antonio Rojas Méndez, familiar de Tania Ivón Damián Rojas quien fue trasladada a un penal federal de Nayarit, aseguró que el padre de la acusada es abogado y quiso defenderla, pero autoridades de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se lo negaron.

Erandi Villavicencio, integrante de la comisión de enlace de la Asamblea de Posgrado de la UNAM, comentó que Rafael Lomas Loya, abogado de oficio del estudiante chileno Laurence Maxwell Ilabarca, negó información sobre la situación física y legal del detenido.

«Las primeras acciones que se intentaron fue revocar el mandato de los abogados de oficio, cosa que nos parece curiosa porque en otros casos los abogados tardan muchísimo tiempo en reaccionar y curiosamente en este caso hay muchos abogados de oficio queriendo apoyar a los jóvenes, lo cual nos parece dudoso.

«Los abogados de oficio se convirtieron en otra traba para que los abogados tanto del Instituto como de los familiares pudieran acceder a tener contacto con lis jóvenes», dijo Jesús González del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.

Villavicencio agregó que en el proceso se observó una cadena ignominiosa de errores por parte de las autoridades federales y con esto se demuestra el uso político del sistema de justicia penal.

Otra de las irregularidades fue que a los acusados se les trasladó directamente a la SEIDO y no a un Ministerio Público del Distrito Federal, como lo marca la ley.

Los familiares anunciaron que pedirán a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal los videos de las cámaras del las calles donde fueron detenidos los presos.

En conferencia de prensa, realizada en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), se informó que el caso lo está llevando el Juzgado 17 de Distrito con sede en Jalapa, Veracruz, y la causa penal es la 45/2014-A.

Los detenidos son Ramón Domínguez Patlán, Atzin Andrade González, Juan Daniel López Ávila, Laurence Maxwell Ilabarca, Luis Carlos Pichardo Moreno, Francisco García Martínez, Hillary Analí González Olguín, Liliana Garduño Ortega, Hugo Bautista Hernández, Tania Ivón Damián Rojas y Roberto César Jasso del Ángel.

A todos se les acusa de asociación delictuosa, tentativa de homicidio y motín.

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