Gabriela Hernández
Proceso
PUEBLA, Pue. (apro).- Dirigentes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS) anunciaron que pedirán asilo político a Canadá ante las versiones de que el gobierno de Rafael Moreno Valle prepara órdenes de aprehensión en su contra para ejecutarlas durante las festividades de diciembre.
“En las últimas semanas, activistas del MAS hemos recibido amenazas en persona, por medio de llamadas telefónicas y enviados permanentes para señalar que debemos preocuparnos por nuestra familia, nuestra integridad y nuestra libertad”, denunció Marcos Mazatle, dirigente del Movimiento.
En rueda de prensa, agregó que ante las constantes amenazas de que en los próximos días se girarán órdenes de aprehensión en contra de integrantes de esa agrupación, acudieron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además de él, dijo, los activistas Ricardo Jiménez, Irene Herrera e Hilario Gallegos decidieron presentarse ante la embajada de Canadá para pedir asilo político al asumirse como perseguidos del gobierno poblano.
El MAS es conocido por su constante apoyo tanto a los opositores al Gasoducto Morelos, como a los habitantes de Chalchihuapan y de las Juntas Auxiliares de Canoa y la Resurrección. También ha convocado a las marchas multitudinarias realizadas desde agosto pasado para denunciar la represión que ejerce el gobierno de Moreno Valle en contra de movimientos sociales.
Según Marcos Mazatle, dirigente del Movimiento, la primera agresión que sufrió fue hace unos meses, cuando sujetos desconocidos se metieron a su casa para robar su equipo de cómputo. Al día siguiente otras personas se llevaron las cuatro llantas de su carro y un día más tarde, se metieron a las oficinas del Sindicato de Telefonistas –del que es dirigente en Puebla– para robar documentos y computadoras.
“Para nosotros es muy lamentable acudir a pedir asilo, ya que en el estado no hay protección”, declaró Marcos Mazatle. Y agregó: “hoy tenemos que dar estas medidas de solicitar el apoyo de otro país para buscar nuestra protección y hacemos responsable al gobierno de Moreno Valle de lo que pueda suceder a nosotros y a nuestra familia”.
Ricardo Jiménez acusó que el abogado Hilario Gallegos, defensor legal del presidente de la Junta de la Resurrección, recibió llamadas de funcionarios estatales y municipales para amenazarlo.
“Mañana miércoles estaremos en la Ciudad de México para pedir la presencia de un visitador de la Organización de las Naciones Unidas a Puebla para que constante que aquí se criminaliza la lucha social”, manifestó.
“El gobierno de Puebla es muy eficiente para detener a activistas, a presidentes auxiliares, pero no para combatir a la delincuencia organizada”, agregó Jiménez.
El activista acusó que en los casos de feminicidios, asesinatos y ejecuciones que se han incrementado en territorio poblano, el gobierno de Moreno Valle ha demostrado ineficiencia.
Irene Herrera denunció que el pasado 31 de octubre, policías municipales trataron de detenerla sin motivo cuando se encontraba en el campamento que tenía el MAS en el zócalo para exigir la libertad de presos políticos.
A partir de ese hecho, interpuso una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos; sin embargo, su caso no ha tenido ningún seguimiento.
Peor aún, el pasado 17 de noviembre fue desalojado con violencia el plantón pacífico y permanente que mantenían integrantes de esa agrupación en el zócalo de esta ciudad.
“Mi casa ha sido apedreada, me han seguido, los he detectado que me andan siguiendo, he recibido llamadas telefónicas”, denunció Herrera.
Y agregó: “Como lo saben, ya trataron de detenerme, sólo porque mis compañeros lograron evitarlo, pero (si no), ya estaría yo en la lista de los presos políticos”.
La activista dijo que como ha actuado la Procuraduría de Justicia de Puebla, no es necesario que las personas realmente hayan cometido delitos para girar órdenes de aprehensión, ya que en las detenciones de otros activistas y autoridades de juntas auxiliares se ha recurrido a la fabricación de ilícitos para llevarlos a prisión.
“Si el gobierno federal está tan ocupado con Ayotzinapa que no puede voltear a Puebla a ver que están pasando cosas muy graves, pues entonces tenemos que recurrir a las instancias internacionales para pedir ayuda”, recalcó.
