Martín Hernández Alcántara
La Jornada
La Procuraduría General de la República (PGR) envió a dos agentes ministeriales a investigar la denuncia que tramitó Yadira Llaven Anzures, reportera de esta casa editorial, quien fue agredida y amenazada el pasado 29 de mayo por hombres que, se sospecha, trabajaban para la Secretaría General de Gobierno o la empresa encargada de las obras del gasoducto Morelos.
Las investigaciones estuvieron a cargo del policía federal ministerial Antonio Gutiérrez.
La averiguación previa AP/ PGR/PUE/PUE–VI/333B/2014 interpuesta en la Delegación de la PGR en Puebla fue atraída por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), bajo el número de averiguación previa 109/2014.
El caso está al frente de la agente del Ministerio Público de la Federación, Maricela López Tapia, de la FEADLE, quien vendrá a Puebla la próxima semana para realizar las indagatorias.
Se realizó un recorrido en la comunidad de Santa Isabel Cholula, sobre la carretera federal a Atlixco, a la altura del kilómetro 18, donde se encuentra el depósito de tubería para la construcción del gasoducto Morelos, lugar de la agresión por parte de quien se ostentó como responsable de la obra por parte de la empresa Bonatti. Posteriormente, el agente ministerial ingresó al predio particular para hablar con el responsable de la obra en este tramo del gasoducto.
El jueves 29 de mayo, cuando tomaba fotografías al material que llegó a Santa Isabel Cholula para iniciar la construcción del gasoducto, Yadira Llaven fue increpada por tres hombres que la intimidaron, intentaron quitarle su celular y la amenazaron con llamar a la Policía, pese a que les explicó que realizaba su trabajo como reportera.
Sin identificarse, los sujetos le advirtieron que ese era un “lugar privado al que nadie tiene acceso más que con un permiso del gobierno”. No obstante, el predio donde se han colocado los tubos para la obra está al borde de la carretera federal a Atlixco.
La periodista tomaba fotografías desde el acotamiento de la vía, y mientras una de las personas le hablaba en tono amenazante, otra grababa con un teléfono celular y tomaba el número de las placas de su vehículo.
Finalmente logró rescatar su celular y salir del sitio en medio de amenazas. Horas después, cuando el portal de La Jornada de Oriente aún no publicaba la nota del incidente, Llaven Anzures recibió en su celular la llamada de una persona que se identificó como Óscar Burgos, supuesto empleado de la Secretaría General de Gobierno.
En un tono alterado, esta persona empezó a cuestionarla sobre la agresión que había sufrido y la acusó de querer denunciar el hecho con un “afán amarillista” porque a su medio, le dijo, “le interesa generar ese tipo de noticias”.
Más tarde, el vocero del gobierno estatal, Fernando Crisanto, aseguró que en la nómina del gobierno no existe ninguna persona registrada con ese nombre, y deslindó a la administración de Rafael Moreno Valle de las agresiones contra la periodista.
El teléfono del sujeto agresor fue guardado en el móvil de la reportera, quien logró identificarlo por la red de mensajería instantánea Whatsapp. Hoy presentamos la imagen de quien dijo llamarse Óscar Burgos, ser trabajador de la Secretaría General de Gobierno del estado, y quien amenazó a la reportera diciendo que tenía en su poder fotografías de su persona, así como de las placas de su vehículo particular.
