Víctor Fuentes
Reforma
Cd. de México (26 septiembre 2014).- Una juez federal ordenó al PRD pagar una garantía de 7.8 millones de pesos para suspender provisionalmente el embargo de sus prerrogativas, que afecta hasta 520 millones de pesos de los recursos del partido.
Concepción Martín, juez Séptima de Distrito en Materia Civil, fijó este jueves la garantía mencionada como requisito para que siga surtiendo efectos la suspensión contra el embargo decretado por su colega, la juez Edith Alarcón.
Esta última decretó la medida por petición de un juez de la provincia argentina de La Rioja, derivado de una demanda del empresario Carlos Ahumada contra el sol azteca.
El 2 de octubre, Martín resolverá si concede la suspensión definitiva, lo que congelaría el embargo durante todo el tiempo que tome el trámite del juicio de amparo, en el que se verificará la legalidad de la actuación de Alarcón.
La juez Séptima de Distrito podría incrementar el monto de la garantía una vez que cuente con mayores elementos, pues ya requirió a su colega que le remita informes del caso.
El PRD puede exhibir la garantía por medio de póliza de fianza o algún otro instrumento que no implique desembolsar los 7.8 millones en efectivo.
La demanda ejecutiva mercantil contra el partido, promovida en Argentina, no fue presentada por Ahumada a título personal, sino por el Fideicomiso Justicia y Verdad.
El sol azteca alega que no tiene deudas con éste y que Alarcón tramitó indebidamente la carta rogatoria girada por el juzgado argentino para trabar el embargo.
Por otro lado, el Instituto Nacional Electoral ha sido renuente históricamente a aceptar embargos judiciales sobre las prerrogativas de los partidos, situación provocada por varias demandas previas contra el PRD por parte de proveedores de bienes y servicios.
Desde Argentina, el empresario Carlos Ahumada demandó al PRD por una deuda de 520 millones de pesos, que se habrían originado por un préstamo de 400 millones de pesos -más 120 millones de intereses- que afirma haber prestado al partido cuando lo encabezaba Rosario Robles.
Por medio de una carta rogatoria, tribunales argentinos solicitaron a la justicia mexicana cobrar el adeudo.
