FRANCISCA MEZA CARRANZA
La Jornada
La falta de una postura de la Asociación Civil Acapulco, conocido como Grupo Aca, ante los hechos de violencia en Iguala, provocó la confrontación de sus integrantes, quienes acusaron al presidente, José Luis Sánchez Ortiz, de tener intereses con el gobierno del estado. Al invitado, Humberto Roque Villanueva, presidente de la Asociación Nacional de la Unidad Revolucionaria, no se le permitió opinar en la sesión.
En la sesión de ayer, uno de los acasocios pidió al invitado su opinión sobre el caso Iguala, pero fue interrumpido por la moderadora, Eloína López Cano, quien pidió que se centraran en el tema por el cual había sido invitado, que fue la reforma energética; durante sus respuestas, el invitado preguntó si podía emitir su postura sobre Ayotzinapa, lo cual fue rechazado por el presidente, quien dijo que no se desviaran del tema.
Sánchez Ortiz dijo que una vez que concluyera la sesión, ya sin el invitado, se leería el posicionamiento del Grupo Aca sobre el caso, lo cual fue refutado por la acasocia Josefina Verduzco, quien reprochó el hecho de que, a tres semanas de haberse dado los hechos, no tenían una postura, cuando ellos siempre han opinado en todos los casos, además de que nunca se les pidió su opinión para emitir una postura; la sesión terminó de manera abrupta, se entregó el reconocimiento al invitado y se retiró.
El presidente expresó ante la asamblea que reprobaban los hechos sangrientos del caso Iguala, pero también las acciones que llevan a cabo “los ayotzinapos y sus seguidores”; sin embargo, nuevamente Josefina Verduzco lo increpó y le dijo que sabían que él tenía “intereses particulares privados con el señor gobernador”, que en el Grupo Aca reprobaban los actos criminales que se llevaron a cabo con los normalistas de Ayotzinapa y que en el caso de sus protestas y daños que han causado son las autoridades quienes decidan si existe castigo o no.
La presidenta de la Comisión de Seguridad Pública, Aleida Alarcón, leyó la propuesta de 30 acasocios ante la nula convocatoria de la mesa directiva; en la propuesta exigieron al gobernador, Ángel Aguirre Rivero, que trabaje de tiempo completo para restablecer el estado de derecho, y a la Federación exigieron un comisionado en materia de seguridad para que con mano firme ponga orden en la entidad.
Asimismo, se sumaron a la condena nacional e internacional por la muerte y desaparición de los estudiantes.
Mónica Corazón expresó que los jóvenes no son ni demoníacos ni delincuentes y que lo ocurrido sólo representa impunidad. “Hasta cuándo vamos a tolerar eso; es increíble que el grupo que se autodenomina líder de opinión esté en silencio, sin decir nada; es más doloroso porque aquí en un desayuno se viene y se cambia el mundo, pero cuando se tiene que llevar acciones hay un silencio espantoso y doloroso”, aseveró.
El presidente de la mesa directiva pidió respeto; dijo en su postura que los actos de exigencia de los jóvenes se han convertido en actos de vandalismo con consecuencias negativas para la sociedad, pero que, sin embargo, no justifican la represión criminal, ni el atentado contra la vida, ni su desaparición. Tras los señalamientos de que en la actual mesa directiva hay censura y las distintas opiniones sobre el caso, se acordó que se tomaría una opinión conjunta, la cual sería publicada.
