Priista César Camacho “no dio permiso” a sus compañeras de discutir su propia iniciativa sobre aborto

Por Claudia Salazar
(Reforma)

Cd. de México, México (16 marzo 2017).- El PRI en la Cámara de Diputados evitó la discusión del dictamen que incluye la norma oficial mexicana sobre el tratamiento a las mujeres víctimas de violencia sexual y que prevé la suspensión legal del embarazo.

De acuerdo con el testimonio de legisladoras del PRD, MC y Morena, que pidieron no dar su nombre, el coordinador César Camacho no dio aval a las legisladoras de su fracción para discutir y votar la iniciativa en los términos en que fue presentado por la Comisión de Igualdad de Género, que preside la priista Laura Plascencia.

“Les dio miedo tener que argumentar contra su propio dictamen, primero porque es una iniciativa que presentaron las diputadas del PRI; segundo, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género es del PRI; y tercero, porque las diputadas del PRI sí quieren la reforma, pero su coordinador no les da permiso”, expuso una legisladora del sol azteca.

“Ya teníamos el acuerdo de no presentar el dictamen, de bajarlo, pero el PRI dice que en su grupo no hubo consenso de avalar el acuerdo al que llegamos”, manifestó otra legisladora consultada.

En ese tenor, el PAN y PES amagaron este jueves en que si presentaban tal dictamen, entonces revivirán una reforma de la Comisión de Salud sobre permitir la objeción de conciencia a los médicos para no practicar abortos.

Actualmente, la Ley General de Acceso a las Mujeres de una Vida Libre de Violencia cita que la atención a violencia será conforme a las normas oficiales mexicanas.

El dictamen original señala que en el Sistema Nacional de Salud se prevé en específico la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 relativa a la agresión familiar, sexual y contra las mujeres, criterios para la prevención y atención.

Este marco normativo da lineamientos sobre el tratamiento a este sector de la población en caso de una violación, como la atención hospitalaria, la canalización a un Ministerio Público especializado, el suministro de retrovirales y la anticoncepción de emergencia, así como la práctica del aborto legal si la víctima lo solicita.

En el dictamen se busca que estados y municipios apliquen dicha norma.

Sin embargo, desde hace una semana la discusión al respecto, ha sido detenida por la oposición del PAN y de PES.

Para destrabar el asunto, el martes pasado se modificó el contenido del mismo mediante una adenda, que desaparecía la mención a la NOM 046.

La propuesta de cambio citaba que correspondía a la Secretaría de Salud crear programas de capacitación y evaluación respecto a la violencia contra las mujeres, a fin de garantizar la atención a las víctimas y la aplicación de la normatividad vigente en materia de violencia familiar y sexual.

“En caso de embarazo como consecuencia de una violación, las autoridades garantizarán la atención inmediata de servicios médicos para la víctima, en consideración a su voluntad, a su estado de salud y lo que disponga la ley”, precisa el texto para no citar la NOM 046.

Las legisladoras agregaron un segundo artículo transitorio para precisar que las autoridades locales ministeriales y del sector salud celebrarían convenios que buscarán apoyar a las víctimas en casos de violencia familiar y sexual, para la presentación de la denuncia en las propias instalaciones de salud donde éstas sean atendidas.

Sin embargo, la adenda fue retirada de la Mesa Directiva porque legisladoras de izquierda y del PRI advirtieron en la Comisión y en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) que el texto era un retroceso con respecto a la legislación vigente.

Sin el apoyo del coordinador para votar su reforma, las diputadas del PRI accedieron a desaparecer el dictamen para no empeorar su contenido, expusieron las diputadas.

De esta forma, precisaron las fuentes, quedará vigente la ley actual, que reconoce la aplicación de las normas oficiales mexicanas y no pasarían los cambios regresivos que empujan PAN y PES.

De acuerdo a las legisladoras consultadas, este jueves se pretendía poner a consideración de pleno el retiro definitivo del dictamen, pero ello lo debían argumentar las propias priistas, a lo cual se negaron.

Fuente

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