Yadira Llaven Anzures
La Jornada
El Movimiento por la Alternativa Social (MAS) exigió la urgente intervención de la Secretaría de Gobernación federal y la desaparición del Poder Ejecutivo en el estado de Puebla, como recientemente ocurrió en Michoacán, a fin de que se le ponga un freno a la ingobernabilidad del mandatario panista Rafael Moreno Valle Rosas.
En rueda de prensa, Marco Mazatle Rojas y Ricardo Jiménez Ávila expusieron este domingo que en los últimos dos meses van más de 30 pobladores encarcelados, derivado de la criminalización de la protesta en la entidad, que mantiene en la zozobra a los pueblos.
“La situación de ingobernabilidad en Puebla es equiparable al estado de Michoacán y Tamaulipas; por esto estamos pidiendo la intervención del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en Puebla”, demandaron.
Como ejemplo, citarón el choque entre pobladores y granaderos en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, ocurrida el pasado miércoles, que dejó un saldo de una anciana desaparecida y más de 100 pobladores severamente lesionados.
Entre ellos destacaron las lesiones causadas a dos niños que se debaten entre la vida y la muerte (uno de ellos podría perder un ojo), mientras un sexagenario podría quedar sin habla para el resto de su vida, por el boquete que una bala de goma le causó en la mejilla izquierda, destrozándole los dientes, la lengua y la mandíbula.
“No queremos que asesinen a otro luchador social como Antonio Esteban Cruz, del Miocup, ni que encarcelen a más pobladores que solo exigen solución a sus problemas sociales y que en respuesta obtienen del gobierno la “fabricación” de delitos que los inculpan hasta con 30 años de cárcel por algo que no cometieron”, denunciaron a los medios de comunicación.
En los últimos tres meses argumentaron que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha metido a la cárcel a por lo menos 30 campesinos, mototaxistas, defensores de los derechos humanos y población en general que busca solución a sus demandas ante la insensibilidad de la autoridad estatal.
Basta recordar –enumeraron– el encarcelamiento de Enedina Rosas Vélez, Juan Carlos Flores Solís, Abraham Cordero Calderón, los 12 mototaxistas de San Francisco Ocotlán, Xoxtla y Acatzingo, incluida la ex alcalde auxiliar de Zoquiapan, Casilda Dávalos Pajarito; los seis vecinos de Cacalotepec recluidos por señalar las deficiencias del sistema transporte público del metrobús los seis pobladores de comunidades de Tehuacán, encarcelados por exigir la devolución de las facultades del registro civil, y recientemente los cuatro vecinos de Chalchihuapan, a quienes les “fabricaron” siete delitos para que no alcancen su libertad bajo caución, sumando más de 35 años de cárcel por protestar por el retiro del servicio del registro civil de sus pueblos.
Sin embargo, expusieron que la lista es larga. “Hoy sabemos que existen ocho órdenes de aprehensión contra vecinos del municipio de Tochtepec, quienes el pasado jueves marcharon en su localidad para solicitar al gobierno que se cancele la construcción de una cancha de futbol rápido en pleno zócalo que data del siglo 17”.
Pero señalaron que en la entidad se habla que por lo menos 100 órdenes de aprehensión en contra de gente común, colonos y pobladores de comunidades rurales que solo buscan solución a sus demandas.
Esto es consecuencia –arguyeron– de la aprobación de la #Ley Bala en diciembre pasado, que viola todo derecho humano.
A esto se suma, dijeron, que el gobierno morenovallista ha negado rotundamente el uso de las balas de goma en contra de protestas sociales, aunque los manifestantes de Chalchihuapan desmintieron la versión oficial, al presentar las pelotas de plástico que alcanzan una velocidad de 720 kilómetros por hora cuando son disparadas, así como objetos cilíndricos, similares a las latas de refresco, que son bombas lacrimógenas.
Ante el cruento panorama, demandaron finalmente que la autoridad federal tome las riendas del estado para evitar más muertes en Puebla; asimismo, solicitarán la intervención de Amnistía Internacional y la ONU para que dé cuenta de la violación a los derechos humanos de los pobladores y se hagan las recomendaciones pertinentes.
Además, exigieron la inmediata liberación de 30 de presos ambientalistas y políticos en el estado, y la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rojas, que bajo el amparo de la #Ley Bala ha reprimido a la población.
“Está en la cuenta regresiva el gobierno de Rafael Moreno Valle, quien ha administrado el estado al igual que su abuelo, destituido del cargo por represor con las demandas más justas del pueblo”, concluyeron.
