Andrea Acevedo García (@AndreAVOZ)
La Jornada
Hilda, una mujer indígena de Chiapas pobre y con síndrome de Down, fue violada desde que tenía 16 años de edad hasta que quedó embarazada. Debido a que su comportamiento es el de una niña de 4 años de edad —por su retraso mental profundo—, su madre buscó apoyo de instituciones públicas de salud, pero le negaron la posibilidad de aborto, a pesar de que cumplía con los tres requisitos legales: haber sido violada, el producto ponía en peligro su vida y había peligro de malformaciones. A los seis meses de embarazo, comenzó a sangrar y tuvo un mal parto: el producto nació muerto, lo que puso en alto riesgo la vida de Hilda.
En Guanajuato hubo un caso vergonzoso que ejemplifica la violencia institucional contra las mujeres: el de las siete indígenas de bajos recursos económicos que fueron liberadas tras una intensa y amplia denuncia pública, pues habían sido condenadas a varios años de prisión por haber sufrido abortos espontáneos, los cuales les fueron imputados como homicidios. Después de que los casos fueron difundidos de manera extensa a través de los medios de comunicación, las autoridades les redujeron las condenas y fueron puestas en libertad.
En Quintana Roo, una niña indígena maya violada por su padrastro fue obligada a convertirse en madre a los once años de edad. Amalia fue sometida a una cesárea dos semanas antes de lo programado, debido a la estrechez de sus caderas y al tamaño de la bebé.
En Jalisco, donde una niña de entre 12 y 13 años, originaria de Ixtlahuacán de los Membrillos y que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro, dio a luz en el Hospital General de Zapopan. Además, personal de salud le colocó un método anticonceptivo, lo cual conlleva el mensaje de que la niña “puede seguir siendo violada” debido al contexto en el que vive, en lugar de implementar acciones para garantizar su seguridad y sano desarrollo.
Estos son algunos de los casos públicos, de los miles que hay en el país de mujeres que por desconocimiento o por miedo prefieren mantener en secreto sus casos. La situaciones de estas mujeres muestran la grave situación en la que vivimos las mujeres en México, la impunidad con la que se violan nuestros derechos más íntimos, como lo son los derechos sexuales y reproductivos.
El Estado Mexicano, además de incumplir tratados internacionales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, de Belém Do Pará, la Declaración de Beijing y el Consenso de Montevideo.
Tanto legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), entre otros, sumisos y obedientes ante los designios de la cúpula clerical católica, han promovido y aprobado leyes para criminalizar a las mujeres, en abierta violación al Estado Laico.
Además del Distrito Federal, en ningún estado de la república se garantiza la salud sexual y reproductiva de las mujeres de manera amplia; pues sólo en ahí se permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación por decisión propia de la mujer.
Y qué decir de Morelos, seguimos en la espera de que el ejecutivo envíe al legislativo la iniciativa de despenalización, o que el legislativo lo haga de mañanera propia, o que las mujeres que se enfrentan a embarazos producto de una violación y que deseen interrumpir, se les pueda garantizar ese derecho que está estipulado en el artículo 119 del código penal.
Referencias: Pronunciamiento de Ddeser-México. www.ddeser.org
