Por Blanca Juárez
(La Jornada)
Desde 2008 la jerarquía católica, gobernadores y diputados emprendieron una «cruzada antiaborto». La embestida logró reformar 17 constituciones estatales. En total, van 18 entidades. Mientras esas fuerzas políticas negocian futuros apoyos a cambio de aprobar las iniciativas, miles de mujeres quedan expuestas a ser encarceladas incluso por alguna complicación que les impida terminar su embarazo.
La activista feminista y socióloga Elsa Conde Rodríguez advierte un modus operandi en todos los casos: el obispo del estado ubica a un legislador, casi siempre del Partido Acción Nacional (PAN), para que presente la iniciativa. Luego, cabildea con el gobernador, generalmente del Partido Revolucionario Institucional (PRI). «Son propuestas panistas que se hacen realidad en administraciones priístas».
Once mandatarios locales del PRI han apoyado esa reforma «que concede una supremacía del óvulo fecundado sobre los derechos de las mujeres»; siete del PAN y uno del PRD. Alrededor de 500 legisladores la han avalado, 50 por ciento son del Revolucionario, 37 de Acción Nacional, y el resto es de otros partidos, de acuerdo con un conteo de la activista
El primer estado en penalizar la interrupción del embarazo fue Chihuahua, en 1993. Durante 15 años se mantuvo como la única entidad que lo castigaba hasta que, en 2007, en la Ciudad de México ocurrió lo opuesto: se permitió el aborto voluntario hasta las 12 semanas de gestación.
A partir de entonces no sólo comenzaron las impugnaciones para echar abajo esa posibilidad en la capital del país, «sino que inició una ola de reformas en otras localidades para criminalizar a las mujeres que desearan hacerlo, y también a aquellas que sufren un aborto espontáneo», señala en entrevista Elsa Conde.
Baja California fue la segunda en aprobarlo en 2008 y les tomó poco menos de dos años conseguirlo para otros 15 estados. En este 2016 se sumó Veracruz. La incidencia de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir, que reúne a varias organizaciones, “lo evitó por mucho tiempo. No es que en ese lapso no lo intentaran –el ex gobernador Fidel Herrera envió una iniciativa similar– pero esta vez nadie nos escuchó”, lamenta.
«Nos queda muy claro que esos cambios se logran por una abogacía efectiva que hace una parte de la Iglesia con los funcionarios», sostiene David Meléndez Navarro, secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura en México.
Hay que analizar, dice, los momentos en los que se aprueban las iniciativas. «Es cuando hay demasiada presión social, como en Veracruz; cuando se saben de los grandes problemas financieros, las deudas, acusaciones de corrupción, asesinatos, violaciones y desapariciones», enumera.
Es casi como si tuvieran «guardada esa carta para negociar». Porque en realidad se trata de «reformas inútiles, no protegen ni a las mujeres ni al feto. Tampoco reducen el número de abortos», sólo cambia la forma en la que lo harán. «Más clandestinas, más restringidas y más peligrosas».
Una propuesta de diversas organizaciones ha sido también para que las causas por las que sí se permite el aborto, como la violación, se hagan efectivas, «pero después de 2008 no sólo no las respetan, sino además han aprobado reformas que criminalizan», insiste Conde.
