Andro Aguilar
Reforma
Chiapas, México (20 julio 2014).- Los aullidos de los monos saraguatos trepados en las copas de los árboles dan la bienvenida a los caminantes en un rincón de la Selva Lacandona. La gravedad de su lamento parecería corresponder a bestias monumentales escondidas en la espesa vegetación, y no a animales de medio metro de altura que buscan marcar su territorio con un sonido que alcanza hasta 2 kilómetros a la redonda.
Dos machos saraguatos intercambian aullidos desde puntos ilocalizables y adquieren un nivel de omnipresencia. Algo muy relevante para una especie en peligro de extinción.
Sobre la vereda, la temperatura ronda los 25 grados centígrados y hay una alta humedad. Los intrusos humanos, sudorosos, son un banquete para los incontables mosquitos. En un par de horas se pueden coleccionar más de 10 piquetes en una mano, sin necesariamente percatarse de ello.
Son las seis de la tarde. La hojarasca cubre casi por completo la vereda. Es un camino poco iluminado: la lucha de las plantas por captar la luz genera que sólo 5 por ciento de los rayos solares alcance a tocar el suelo.
No cesa el sonido de los miles de insectos que interactúan con plantas y animales para sobrevivir y dar vida a la selva húmeda más grande en el hemisferio norte. Si se pone atención en la tierra, a cada paso por lo menos un bicho se mueve.
Sobresale por momentos el canto rechinante de las cigarras, que en la búsqueda de una hembra para aparearse insisten una y otra vez. No tienen opción: han esperado hasta 17 años para despegarse de la raíz de un árbol donde succionaban su alimento con la intención de fecundar y, entonces, sin posibilidad de volver a comer, esperar la muerte.
La espesura vegetal obliga a esquivar ramas y agachar la cabeza para seguir avanzando.
Hay lianas delgadas que forman columpios y otras perfectamente anudadas cuyo grosor no es posible abarcar con una mano; también, hormigueros de cuatro metros de diámetro; árboles que han recorrido 10 metros en 20 años para alcanzar un poco de luz solar; ranas camufladas como hojas otoñales; hongos en forma de flores; siete especies de vainilla; pitas que servirían para cinturones de charros, magueyes que, trepados en la copa de un árbol para alcanzar rayos de luz, propician el nacimiento de otros ecosistemas con ranas, salamandras y víboras a decenas de metros de altura.
Entre la amplia diversidad de plantas y animales, sobreviven las enormes ceibas pentandras. Sus 500 años de vida les han permitido a esos árboles extenderse más de 60 metros hacia arriba y ensanchar su tronco a cinco metros.
La ceiba es el árbol sagrado de los mayas, en cuya cosmovisión la copa significaba el supramundo; los contrafuertes esos soportes que llegan a medir hasta ocho metros desde el tronco representaban el inframundo, y el tronco, la realidad de ese pueblo indígena. Por eso no había que talarlos, si no los mayas perderían su realidad y, según sus poemas, una estrella del cielo.
Llegar a este punto, en el sur de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (Rebima), sólo es posible a través del río Lacantún. A unos 200 metros hacia dentro.
Es sólo una estampa de un pequeño rincón de la Selva Lacandona, la fábrica de agua dulce más grande de México, que produce 30 por ciento de ese líquido para el país, y donde habitan 800 especies de mariposas diurnas, 114 especies de mamíferos, 54 especies de reptiles, 23 de anfibios y 341 de aves.
La Selva Lacandona es un espacio que ha sido deforestado en 70 por ciento de su superficie original en tres décadas, de 1.8 millones de hectáreas a poco menos de 500 mil. Pero sigue palpitando.
Uso de suelo
Mario Olvera es un hombre moreno de ojos claros, tan serio que cuando ríe procura hacerlo hacia adentro. Habita en el sur de la Selva Lacandona desde hace tres décadas, en el ejido Boca Chajul, municipio Marqués de Comillas. Trabaja en la estación biológica.
Llegó en los años setenta, cuando el gobierno federal lanzó la convocatoria para poblar el territorio selvático de Chiapas. Había viajado desde Guerrero con 12 años de edad, acompañado de sus padres, sus seis hermanos y la ilusión de fincar una historia en un territorio inhóspito en el que reinaban los jaguares.
La vía aérea era la única opción de acceso: con avionetas que aterrizaban en pistas abiertas entre la selva o directamente en el río. Así lo hizo la familia de Mario Olvera, junto con personas provenientes de Sinaloa, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, entre otros estados, además de otras regiones de Chiapas.
Entonces no existía la carretera fronteriza de Palenque a Comitán, que se comenzó a construir en 1994 y fue inaugurada el 19 de junio de 2000 por Ernesto Zedillo.
La familia de Mario se estableció inicialmente en el ejido Galacia, pero las constantes inundaciones con agua proveniente del río Lacantún los hicieron buscar otra zona. Se mudaron a Chajul y reprodujeron lo que sabían hacer en su lugar de origen: sembrar maíz. Para ello tenían que tumbar la selva.
Ése ha sido un patrón en las comunidades que llegaron a poblar el sur de la Selva Lacandona. Algunos se han dedicado a la agricultura en una tierra de menos de un metro de fertilidad y completamente dependiente de que el ecosistema persista. Otros han optado por la ganadería extensiva, echando abajo decenas de árboles para establecer potreros.
Durante décadas se ha reproducido ese modelo de consumo, que ha generado que sólo permanezca 30 por ciento de la superficie original forestada, concentrada principalmente en las áreas de protección natural, como la Rebima, y otros remanentes.
Palma de aceite y otros riesgos
A lo largo de la carretera fronteriza de Palenque a Comitán, ya no sólo existen milpas de maíz o frijol, como ocurría en años pasados. Ahora una palma de aceite traída desde África a principios de los noventa ocupa gran parte del paisaje.
El cultivo obedece a un proyecto de reconversión productiva que pretende revitalizar como áreas de cultivo terrenos que son utilizados por los ejidatarios como potreros.
La siembra de esta palma es impulsada por el gobierno estatal a través de la Secretaría del Campo, que otorga a los productores plantas para sembrar, y el Fondo Estatal de Desarrollo Comercial Agropecuario y Agroindustrial, que los respalda con financiamientos.
De acuerdo con Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura, FIRA, del Banco de México, Chiapas ocupa el primer lugar en el cultivo de palma de aceite en México, con 38 mil 525 hectáreas establecidas, 70 por ciento de la superficie total en el país.
En el cultivo de la palma también participa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con apoyos financieros en proyectos de inversión para el establecimiento de la planta y para infraestructura productiva.
El rendimiento por hectárea de fruta de la palma rebasa, según FIRA, con 7 mil pesos por hectárea lo que recibiría un agricultor dedicado a productos típicos de la región. Pero el costo ambiental de esta práctica es alto.
Aunque la iniciativa buscó sustituir potreros por sembradíos, la medida ha promovido de manera indirecta que algunos nuevos productores deforesten otras áreas de selva para no renunciar a la cría de ganado. Más palma y más potrero; menos selva.
Daniel, un joven que estudia el bachillerato en el ejido Zamora Pico de Oro, recuerda que el cultivo de la palma de aceite en esa región comenzó a realizarse aproximadamente tres años atrás. Al principio, dice, las familias buscaban participar en el cultivo de la palma, pero poco a poco algunos agricultores han perdido interés de sembrar por temor a que la tierra no dé la misma ganancia.
Después de que termina su ciclo de productividad, el alto consumo de agua de la palma y la degradación de la tierra no permiten que esos terrenos sean utilizados nuevamente como sembradíos. El grado de desertificación es tal que algunos pobladores temen que no sirvan ni para potreros.
Otro factor que incide directamente en la preservación de la selva tropical de la región chiapaneca son las políticas públicas que terminan siendo contraproducentes por la contradicción entre sus objetivos.
Sin una agenda ambiental transversalizada, la Sagarpa y la Semarnat propician que los ejidatarios de la región elijan entre dos apoyos: recibir mil 300 pesos anuales para criar una cabeza de ganado, que consume en promedio alrededor de una hectárea de terreno, o conservar la selva a través del Programa por Servicio Ambiental, de la Comisión Nacional Forestal, con el que reciben mil pesos al año por cuidar una hectárea.
En la selva persiste también la tala ilegal de maderas, principalmente de la conocida como corazón azul, apreciada por su dureza y cuyos tablones de 12 pulgadas cuadradas son comprados en 30 pesos a los ejidatarios para sacarlos hacia China.
Conflicto agrario
Desde la carretera transfronteriza de Palenque a Comitán, cerca del ejido de Nueva Palestina, es posible mirar que una brecha de cuatro metros de ancho, a ambos lados del asfalto, divide la selva. Es parte de la delimitación, que ya suma más de 100 kilómetros, alrededor de los Bienes Comunales lacandones con la intención de regularizar los terrenos.
Esa brecha, realizada por la comunidad lacandona en conjunto con autoridades agrarias, quedó suspendida en los límites de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules. La Semarnat advirtió en 2008 sobre los riesgos ambientales para el área natural protegida de continuar con el trazo. Sin embargo, las tres etnias de la comunidad lacandones, tzeltales y choles están de acuerdo en que se continúe la delimitación.
El conflicto agrario en la zona no es nuevo. Es el resultado de decisiones gubernamentales erróneas a lo largo de la historia, que han generado una tensión que puede impactar directamente en el ecosistema.
En 1972, el gobierno federal entregó 614 mil hectáreas de la zona a 66 familias lacandonas, en una región donde habitaban etnias tzeltales y choles, a quienes se les reconoció como parte de la Comunidad Lacandona, pero les restringieron el derecho de presidir la Asamblea de Bienes Comunales. El 70 por ciento de la Reserva de la Biósfera de Montes Azules está dentro de esos bienes comunales.
En este año la situación ha dado un vuelco, con la llegada de un tzeltal a la dirigencia de la Asamblea de Bienes Comunales, y se ha incrementado la tensión.
El 24 de abril, integrantes de la comunidad lacandona llegaron a un acuerdo con representantes de los ejidos de San Gregorio, Salvador Allende y Ranchería Corozal para permitirles seguir habitando dentro del área nacional protegida de Montes Azules.
La madrugada del 28 de abril, la ambientalista Julia Carabias, integrante de Natura Mexicana y ex secretaria federal del Medio Ambiente, fue sorprendida por hombres armados y encapuchados en la estación biológica de Chajul, quienes la sacaron del lugar y la encadenaron dos días en la selva cercana a la frontera con Guatemala.
Natura Mexicana es una organización civil que administra la estación biológica, integrada por un grupo de especialistas que trabajan para la conservación y recuperación de los ecosistemas naturales dentro y fuera de las áreas naturales protegidas.
La retención fue señalada por indígenas de la selva como una «simulación» para intentar desestabilizar los acuerdos de la comunidad lacandona con los indígenas que viven de manera irregular dentro de la Rebima, quienes forman parte de la Asociación Rural de Interés Colectivo Unión de Uniones, ARIC Independiente y Democrático (ARIC ID).
En una entrevista radiofónica, la ambientalista dijo desconocer quién estaba detrás de su retención, pero señaló que podía obedecer a los intereses ilegales que Natura Mexicana combate en la selva, como las invasiones a las áreas naturales protegidas, la tala ilegal o la caza de especies en extinción. No descartó que haya sido alguien que quiso sacar provecho en medio de la confusión.
Las organizaciones que trabajan a favor de la conservación de la selva y en busca de soluciones a la pobreza de las zonas colindantes a la Rebima, escribió Carabias tres semanas después, viven amenazadas (Reforma, 24/05/2014).
Los representantes de esos tres ejidos aseguran que los pobladores han recibido capacitación y cuentan con un programa de agroecología, pero Natura Mexicana y otras organizaciones ambientalistas como Na Bolom advierten sobre el riesgo de permitir las invasiones en el área natural protegida.
Con los acuerdos firmados por la Comunidad Lacandona y los integrantes de ARIC ID, éstos podrían permanecer dentro de la Rebima y los terrenos que ocupan, ser regularizados.
En respuesta, los gobiernos estatal y federal señalaron el 14 de mayo que no permitirían más invasiones en las áreas protegidas.
Dos días después, el 16 de mayo, se celebró la renovación de las autoridades de Bienes Comunales de la Zona Lacandona. Por primera vez en tres décadas, la dirigencia de esa comunidad fue ocupada por un indígena de la etnia tzeltal, Emilio Bolom.
Un grupo de lacandones impugnó el nombramiento. Uno de ellos es Chambor Chancayum Yuc, quien combina su cotón blanco con un chaleco con colores militares y se desplaza en una motocicleta por la selva para trabajar como guía turístico. Es uno de los indígenas que se oponen al nombramiento de Bolom.
A la entrada de Lacanhá, uno de los poblados que concentra a los integrantes de su etnia, Chancayum Yuc afirma que la postura de la Comunidad Lacandona hacia la selva cambiaría con un tzeltal al frente.
«No pensamos igual. Si se quedan como gobernantes los choles o tzeltales, no están viendo la forma de preservar el área natural protegida. Están viendo tomar esto y repartirlo», advierte.
El indígena teme que, al ser minoría, la etnia lacandona tenga que ceder ante la presión de los otros dos grupos.
«Somos muy pocos, como mil, los choles son de 10 a 15 mil. Los tzeltales, entre 20 a 25 mil integrantes. Ellos no están viendo que acabando los recursos naturales esto lleva al fracaso».
En contraparte, en el poblado de Nueva Palestina, el tzeltal Emilio Bolom considera más importante resolver el conflicto agrario que la conservación ambiental.
«Primero es lo agrario, luego lo ambiental. La decisión es del pueblo», dice en entrevista.
Bolom solicita la liberación de su asesor Gabriel Montoya Oseguera, detenido el 14 de mayo bajo los cargos de motín, ataques a las vías de comunicación y secuestro.
El indígena anuncia, para el 29 de julio, una movilización del recientemente creado Frente Campesino Popular en ocho municipios chiapanecos para demandar la liberación de Montoya Oseguera.
Alternativas ecológicas
A la orilla del río Lacantún, en el ejido de Galacia, en Marqués de Comillas, David Marroquín Pérez administra un hotel ecoturístico con 22 socios más en una propiedad que pertenece a 54 ejidatarios. Buscan utilizar 120 hectáreas de la selva como un medio para hacerse de recursos sin dañarla.
El joven de 29 años narra desde el sillón de su casa que los pobladores de la zona sólo tenían dos opciones: la agricultura o la ganadería. Se organizaron para crear una tercera alternativa.
Primero participaron en el Programa de Servicio Ambiental de Conafor y, en 2008, recibieron 300 pesos anuales por cada hectárea que conservaban; después, con la asesoría y el apoyo de Natura Mexicana, consiguieron fondos privados para construir un hotel enclavado en la selva. Es uno de los cuatro proyectos que la organización impulsa para que los ejidatarios obtengan recursos sin dañar la naturaleza.
Llevan alrededor de un año y medio con el hotel construido en terrenos previamente deforestados por un agricultor, a la orilla del río Lacantún, en el último resquicio de la valiosa selva inundable de México.
A unas semanas de dejar el cargo, Felipe Calderón pasó por ahí y decidió inaugurarlo de manera improvisada. La publicidad del acto es el único apoyo indirecto que han obtenido de una autoridad estatal o federal, además del tianguis turístico de Chiapas que se celebrará próximamente y al que ya fueron invitados.
El joven relata que en los periodos vacacionales de Semana Santa el hotel luce abarrotado y en fin de año reciben un poco menos de visitantes, pero en el resto del año prácticamente está vacío.
«Aún no podemos decir que es redituable. Ni siquiera para decir que hay una utilidad para los socios, porque los que trabajamos en el hotel no somos todos los socios. Los que trabajamos recibimos un ingreso mínimo mensual, pero los ingresos se han usado para el mismo mantenimiento del hotel», explica.
En el hotel laboran 16 personas; son los únicos que reciben ingresos. Marroquín admite que se está complicando la situación económica del proyecto, pero reconoce que están todavía en un periodo de arranque.
A principios de este mes, Manuel Velasco presentó junto con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), la «Estrategia para la conservación y el uso sustentable de la biodiversidad en Chiapas». Sin embargo, David Marroquín no percibe un interés gubernamental genuino para cuidar el hábitat de miles de especies animales, entre ellas el tucán real, el ave utilizada como estandarte del Partido Verde Ecologista de México, al que pertenece el actual gobernador Manuel Velasco Coello.
«Nuestros representantes electorales los vemos sólo en campañas. Es cuando se acercan aquí, prometen. Después no se acercan. En el sentido de la selva no he sentido que se refuercen los programas que ayudan a conservar», sentencia David.
Esos mismos representantes (los del PVEM, aliados con el PRI) están por aprobar una reforma energética que, a decir de pobladores y especialistas, podría ser una otra amenaza a la selva. La Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, actualmente en discusión, prioriza en su artículo 33 la exploración y extracción de hidrocarburos, así como el tendido de ductos o de infraestructura eléctrica sobre cualquier otra actividad, lo que deja vulnerables desde patrimonios culturales hasta reservas de la biósfera como Montes Azules.
Fuera de la selva
Sobre las aguas del Lacantún, río abajo, es posible comparar las dos caras de lo que un día fue una misma selva. Del lado izquierdo, la Reserva de la Biósfera de Montes Azules proyecta su espesa vegetación en una amplia gama de verdes. Aun sobre la corriente, es posible escuchar algunos de los miles de sonidos que producen un zumbido permanente.
Desde esa distancia, no se alcanzan a mirar las especies en peligro de extinción que habitan la selva, como el tapir, el pécari de labios blancos, el mono araña, el venado temezate o la guacamaya roja, pero basta internarse algunos metros para mirar las huellas que dejan los venados en las veredas, o las garras de los jaguares marcadas en los árboles.
Hay gente que lleva años trabajando en la Lacandona y sólo ha visto al jaguar retratado en las cámaras infrarrojas que son colocadas para monitorearlo. El deterioro de la Lacandona también amenaza a este felino ancestral.
