Fernando Camacho Servín
La Jornada (Imagen de archivo)
México, DF. Aunque el Peña Nieto se comprometió a “ir a profundidad y tope donde tope” con respecto a las ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas en contra de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, los familiares de las víctimas continúan sufriendo las consecuencias de una investigación judicial “caótica y hostil”, denunció Amnistía Internacional (AI).
En un comunicado, la organización de derechos humanos recordó que las autoridades anunciaron el hallazgo de cuatro nuevas fosas comunes con restos humanos, pero aún no se ha visto que los peritos internacionales reconocidos por los propios familiares de los desaparecidos hayan podido acceder a las fosas para realizar su trabajo.
“Si el gobierno federal es serio en sus promesas de una investigación ‘a profundidad’, medidas básicas como ésta deberían estar garantizadas desde el primer momento”, señaló Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.
El trabajo realizado por agentes del ministerio público estatal sobre las exhumaciones de los restos hallados en las seis fosas descubiertas, recalcó Amnistía, presentaría deficiencias, lo cual dificultará las pruebas de identificación.
“Es esencial que los peritos internacionales tengan acceso inmediato e irrestricto a todas las investigaciones forenses que se estén llevando a cabo en conexión con estos hechos”, pues esa es la única forma en que los familiares y la sociedad tengan confianza en los procesos forenses, añadió Quiroz.
Familiares de estudiantes desaparecidos le hicieron llegar sus testimonios a Amnistía Internacional sobre la falta de sensibilidad, cortesía y respeto que le dispensaron agentes del Ministerio Público estatal encargados de llevar adelante la investigación del caso.
“Este tipo de maltrato ahonda las violaciones a los derechos humanos que los familiares están viviendo y desalienta a las familias para seguir adelante en su justo reclamo de búsqueda inmediata y justicia”, manifestó AI.
Por tal motivo, la organización instó al Presidente Peña Nieto, así como al Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, y al gobernador de Guerrero, Angel Aguirre, a asegurarse de que sus promesas no queden en el aire sino que se hagan realidad con pasos concretos.
