Gabriela Hernández
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, advirtió que, de confirmarse violaciones a derechos humanos cometidas contra los habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, este organismo solicitaría juicio político contra funcionarios estatales, incluido el gobernador Rafael Moreno Valle.
En rueda de prensa que dio después de la comparecencia del secretario de Seguridad Pública estatal, Facundo Rosas, el ombudsman nacional aseguró que actuará con imparcialidad en el caso y rechazó que Juan Pablo Piña Kurczyn, quien se desempeñó como sexto visitador de la CNDH y ahora es funcionario poblano, haya cabildeado a favor de la exoneración de Moreno Valle.
“La CNDH no tiene compromiso con nadie más que con los derechos humanos, y esta investigación se está llevando a cabo con completa imparcialidad”, ofreció.
Plascencia Villanueva dijo que, en su comparecencia, Facundo Rosas reconoció haber estado al frente del operativo del miércoles 9 de julio, pero rechazó tener responsabilidad en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo, así como de las heridas que sufrieron otros pobladores de Chalchihuapan.
Sin embargo, indicó que el titular de la SSP de Puebla tendrá que volver a rendir un informe en un plazo de tres días, ya que la información que presentó este miércoles resultó ser incompleta sobre lo sucedido durante el operativo de desalojo llevado a cabo por la policía estatal en la autopista Puebla-Atlixco.
El ombudsman precisó que el secretario omitió informar a detalle sobre el armamento que usaron los elementos policiacos, los nombres de los funcionarios que participaron en la acción, así como proporcionar los audios de la comunicación entre mandos que coordinaron el operativo.
Raúl Plascencia señaló que la CNDH, a más tardar en un mes, emitirá un dictamen sobre lo ocurrido en Chalchihuapan, con base en la información y las pruebas que ha recabado tanto de los pobladores, como de los funcionarios estatales.
“Los peritos de la CNDH está analizando con todo cuidado las lesiones y los artefactos que se usaron para emitir nuestro propio dictamen sobre qué pudo provocar las lesiones del niño, de los otros nueve pobladores y de los 47 uniformados que resultaron heridos”, mencionó.
Mientras, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el grupo parlamentario del PRD en el Senado solicitó formalmente que la PGR y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atraigan el caso de San Bernardino Chalchihupan.
En el punto de acuerdo, presentado por los senadores Alejandro Encinas Rodríguez y Luis Sánchez Jiménez, se hace un recuento de los hechos para advertir que existe un “conflicto de intereses” en la investigación que realizan las autoridades locales, por lo que es indispensable la intervención de autoridades federales.
Además, los legisladores piden que la CNDH tome en cuenta a los pobladores y la madre del menor, Elia Tamayo Montes, y que ante las “evidentes y flagrantes” violaciones graves a los derechos humanos, emita la recomendación correspondiente.
“Motivando, si así resultara, a que por los conductos adecuados se inicien las acciones penales correspondientes, así como la reparación del daño y todas las consecuencias civiles para las víctimas de la represión que ejerció el gobierno del estado de Puebla a través de la Policía Estatal el pasado 9 de julio en Chalchihuapan”, precisa el documento.
Liberan a presos
Tras el pago de una fianza de 7 mil pesos, los cuatro pobladores de Chalchihuapan que fueron detenidos durante el operativo del 9 de julio recuperaron esta tarde su libertad en Puebla.
El juez penal de Cholula, Alejandro León, dictó auto de libertad a Félix Xelhua Montes, Antonio Víctor Montes Contreras, Santiago Pérez Tamayo y Sergio Clemente Jiménez Tecalero, quienes cerca de las siete de la noche abandonaron el penal, luego de casi un mes de su detención.
El abogado Raúl Rodríguez de la Fuente explicó ayer que el retiro de siete cargos contra de los pobladores derivó tras un peritaje de cronometría de los hechos, en que se comprobó que los cuatro fueron detenidos una hora antes de que iniciara la gresca entre policías y manifestantes.
Pese a esas pruebas, la PGJE los procesó por los delitos de motín; desobediencia y resistencia de particulares; delitos cometidos contra funcionarios públicos; privación ilegal de la libertad; lesiones dolosas, ataques a las vías de comunicación y a la seguridad en los medios de transporte; tentativa de homicidio calificado, y daño en propiedad ajena doloso.
En contraste, el portal de noticias e-Consulta destacó hoy que los policías estatales que participaron en el operativo fueron reconocidos con un incentivo económico de 12 mil 500 pesos.
De acuerdo con esta información, entre lunes y martes el coordinador de Despliegue Territorial, Yair Bibiano Sánchez, identificado como uno de los mandos que encabezó el operativo, convocó a cada uno de los elementos para entregarles su “premio”.
Cabe recordar que un grupo de policías entregó a un medio local un escrito en el que detallan que el día del desalojo de los habitantes de Chalchihuapan dispararon a los pobladores cartuchos de gas lacrimógeno, los cuales se convirtieron en proyectiles “porque ya estaban caducos”.
Se suman partidos a marcha
Representantes de PAN, PRD, PT y PRI anunciaron que se sumarán a la caminata “Por la paz y la dignidad de los poblanos”, que se llevará a cabo este domingo 10 por las calles de Puebla, con el fin de exigir la destitución de Facundo Rosas Rosas, titular de la SSP; Luis Maldonado Venegas, secretario general de Gobierno; del procurador Víctor Carrancá Bourget, así como se inicie juicio político al gobernador Rafael Moreno Valle.
En rueda de prensa, José Guadalupe Sánchez Jiménez, dirigente estatal de Izquierda Democrática Nacional (IDN) del PRD y líder del Movimiento de Renovación y Cambio, acusó a la administración morenovallista de incurrir en una ineficacia política.
“Pobladores piden servicios y la respuesta de la autoridad es el envío de balas de goma y gases lacrimógenos disparados por la policía de Facundo Rosas, el aún lugarteniente de Genaro García Luna”, expresó.
Rafael Ramírez, miembro de la dirección estatal del Partido del Trabajo (PT), se quejó de la falta de estrategia del gobierno estatal para manejar los conflictos sociales.
En su turno, Armando Blancas, delegado de Causa Común por México y militante activo del PRI, dijo que la megalomanía de Moreno Valle no le permite cumplir con la promesa que hizo en campaña, cuando dijo que si fallaba en su gestión, dejaría la gubernatura.
El también dirigente de IDN, el perredista Jorge Méndez, aseguró que en la entidad se vive “una situación crítica” con prácticas de gobierno autoritarias, antidemocráticas y excluyentes.
Además, la panista Ana Teresa Aranda anunció que se sumará a esta marcha, a la que se ha pedido acudir vestidos de negro, “para representar que la democracia en Puebla está de luto”.
