Yadira Llaven Anzures
La Jornada
Desde que el panista Rafael Moreno Valle Rosas arribó a la gubernatura en 2011, el mandatario ha negado la toma de nota a por lo menos cinco sindicatos en la entidad, como es el caso de las secciones 7 y 16 del Sindicato Nacional Independiente de la Secretaría de Salud (Snitssa), el Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (SUTISSSTEP) y el Sindicato de Músicos del estado.
Llama la atención que estos sindicatos, algunos agremiados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), son abiertamente disidentes a la administración de Rafael Moreno Valle.
De forma paralela, el gobierno de Moreno Valle también ha impuesto a los dirigentes del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (SITBUAP), la Asociación Sindical de Personal Académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (ASPABUAP), la sección 25 del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Salud del estado (Stssa), y desapareció al Sindicato Único de Trabajadores del Hospital para el Niño Poblano (SUTHNP), a pesar de que cuenta con reconocimiento legal hasta para el siguiente año.
Los dirigentes de los sindicatos disidentes destacaron que la negativa a la legalización de las agrupaciones, por parte de las autoridades, se debe a que han declarado públicamente los yerros y violaciones a sus derechos laborales por parte de la actual administración.
Por esta razón, han considerado a la gestión de Moreno Valle como “el sexenio más oscuro en la vida del sindicalismo moderno en Puebla”.
Algunos secretarios generales no descartaron recurrir a la movilización social y al amparo para hacer valer sus derechos sindicales.
Este es el caso del químico Damián Córdoba Ortega, quien dio a conocer que después de tres años de lucha legal el Snitssa logró ganar un amparo el pasado 14 de mayo, para el reconocimiento del gremio en 20 estados del país, entre ellos Puebla.
Por esta razón, informó que la sección 7 del sindicato demandó al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, al titular de la Secretaría de Salud, Roberto Rivero Trewartha, y al secretario de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico, Antonio Gali López, que se retomen las mesas de diálogo que quedaron estancadas desde la gestión de Jorge Aguilar Chedraui, a fin de que se formalicen los trabajos del gremio.
Con un amparo ganado en el estado de Chiapas, y con el pleno reconocimiento del sindicato en otras entidades, como Tabasco, Oaxaca y Jalisco, Córdoba Ortega argumentó que existe reconocimiento del Sindicato Nacional Independiente hasta el año 2020, por lo tanto es por ley que el gobierno poblano se siente a dialogar con los trabajadores del sector salud.
Ante el escenario represivo que existe por parte del gobierno estatal, comentó que harán valer la autonomía del sindicato que desde su fundación ha tenido una posición congruente y crítica hacia la autoridad.
En esta misma posición está la dirigente del SUTISSSTEP, Susana Isabel Andrade Solís, quien confirmó a esta reportera que interpondrá un recurso de amparo para exigir la entrega de la toma de nota a esta agrupación.
Andrade Solís informó que el pasado 23 de mayo el ex líder sindical Eduardo Acastenco y su jurídico interpusieron el expediente ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, sellado y sin faltantes, para el cambio de dirigencia.
A partir de la fecha señalada, explicó que cuentan con 60 días naturales, como marca la Ley Federal del Trabajo, para que el gobierno estatal los reconozca como sindicato; sin embargo, es el día en que no reciben notificación alguna, ni a domicilio ni por estrados, a pesar de que el plazo se venció el 23 de julio pasado.
Esta actitud de la autoridad fue tomada por la nueva dirigente como una revancha política, pues su candidatura fue crítica a la administración del panista, aunado a que el mandatario intentó imponer a otro secretario general.
Susana Andrade llegó a la dirigencia del SUTISSSTEP luego de librar una serie de obstáculos que comenzó con la presentación de un juicio de amparo contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla, para hacer valer sus derechos sindicales y así participar en la elección interna.
Por ejercer su derecho a ser candidatos a la dirigencia sindical 18 trabajadores fueron rescindidos laboralmente, quienes a la fecha no han sido reubicados.
Mientras que el Sindicato de Músicos ha derivado en un conflicto interno por la falta de reconocimiento legal al gremio.
Pero sin duda los casos emblemáticos en la actual administración son la desaparición del sindicato del Hospital para el Niño Poblano y la intromisión en la vida interna del SITBUAP.
