Álvaro Delgado
Proceso
MÉXICO, D.F. (apro).- El 2 de diciembre de 2012, al día siguiente de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, anunció que el Pacto por México sometería a los poderes fácticos que retan al Estado y obstruyen el interés nacional.
Ante los presidentes de PAN y PRD, Gustavo Madero y Jesús Zambrano, quienes desde esa firma del Pacto por México se convirtieron en chambelanes de Peña, ahí presente, Osorio diagnosticó:
“La creciente influencia de poderes fácticos, frecuentemente, reta la vida institucional del país y se constituye en un obstáculo para el cumplimiento de las funciones del Estado mexicano. En ocasiones, esos poderes obstruyen, en la práctica, el desarrollo nacional, como consecuencia de la concentración de riqueza y poder que está en el núcleo de nuestra desigualdad”.
Y advirtió: “La tarea del Estado y de sus instituciones, en esta circunstancia de la vida nacional, debe ser someter, con los instrumentos de la ley y en un ambiente de libertad, los intereses particulares que obstruyan el interés nacional”.
Esas palabras se interpretaron como un mensaje, entre otros, contra Televisa y el inaudito poder que acumuló en los gobiernos priistas, pero sobre todo en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.
La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentada por Peña en marzo del año pasado y avalada por los firmantes del Pacto por México, ilusionó a algunos en poner freno también al gigantesco poder telefónico de Carlos Slim.
Ese proyecto legislativo se presentó como equivalente a “la caída del muro de Berlín” en materia de monopolios en telefonía y televisión, pero ya desde entonces se identificaban los trucos, falsedades, engaños y peligros que implicaba para la sociedad.
Finalmente se consumó lo temido: Si bien al magnate Slim se le puso un relativo freno a un inmenso poder, el oligopolio de la televisión –en particular Televisa– se le dio más de lo que tenía y pedía, pero sobre todo perdió la sociedad en pluralidad, libertad de expresión y derecho a la información.
Tras el aval del Senado, Televisa se hizo más prepotente, ruin e insolente. De ser “soldados del PRI” sus propietarios y directivos, se convirtieron en patrones de políticos pequeños.
Los protagonistas de esta nueva iniciativa son los mismos que aprobaron en 2006 la ley Televisa, PRI y PAN –sumadas sus rémoras de entonces, Partido Verde y Panal–, que sólo un vigoroso movimiento ciudadano de repudio, sumado a un grupo de legisladores, forzó a la Suprema Corte a declarar su inconstitucionalidad.
No hay que olvidarlo: Con esa componenda de 2006 Calderón fincó su asalto al poder e inició un ciclo de complicidades que ahora ratifica a través de sus testaferros Ernesto Cordero y Javier Lozano, que compiten en abyección con también Gustavo Madero y sus allegados.
También desde 2006, Peña fincó su estrategia para brincar del «gobierno» del Estado de México a la candidatura presidencial priista y, gracias a su complicidad con Televisa y a su multimillonaria compra del voto, asaltar la Presidencia de la República.
A diferencia de 2006, no aprecio que haya legisladores que rectifiquen su voto y se sumen a los que lo hicieron en contra para promover una acción de inconstitucionalidad contra los privilegios indebidos a Televisa. La integración de la propia Suprema Corte tampoco inspira confianza.
Así, consumada la ley Peña-Televisa-Calderón, que consolida el monopolio de la basura y la mentira, el despojo de la riqueza energética nacional será también sólo un trámite.
Noche negra para la nación…
