Redacción Proceso
HERMOSILLO, Son. (apro).- El delegado de la Secretaría de Gobernación, Adolfo García Morales, admitió hoy que ha sido “tortuosa” la negociación con Grupo México para el pago de indemnizaciones a damnificados por la contaminación minera de los ríos Sonora y Bacanuchi.
[Traducción: al criminal Germán Larrea, jefe de Peña Nieto, no le ha dado la gana pagar sus daños. Así de sencillo.]
Tras la videoconferencia que ofreció el presidente del Fideicomiso Río Sonora, Rodolfo Lacy Tamayo, a los alcaldes de los municipios afectados con el derrame de metales pesados y lixiviados de cobre sobre las cuencas sonorenses, el delegado admitió que las negociaciones se retrasaron porque en múltiples ocasiones el consorcio «cambió las reglas de operación».
“Hay que recordar que no existe procedimiento alguno para resarcimiento de daños; tampoco existían padrones confiables porque hubo omisiones al momento de entregar beneficios agrícolas, pecuarios, de actividades económicas y tomas caseras de agua”, expuso el funcionario federal.
[Es el colmo: dice que «no existe procedimiento alguno» para aplicar la ley a un criminal que la viola.]
No obstante, dijo, se han ejercido 919 millones de pesos de los 2 mil millones del Fideicomiso; concretado 21 mil pagos en beneficio de 7 mil 432 ganaderos, 11 mil 173 jefes de familia y 35 personas que resultaron afectadas directamente con los desechos mineros.
Además, para cubrir las demandas de los damnificados que desde ayer bloquearon la carretera federal, que va de Hermosillo a Moctezuma, el comité técnico del Fideicomiso se comprometió a pagar la indemnización de 14 mil 500 pesos a cerca de mil afectados; a instalar en un plazo no mayor a seis meses 37 plantas potabilizadoras de agua con capacidad de separar metales pesados y anunciar la próxima semana la clínica de especialidades que estará ubicada en Ures para atender cualquier emergencia médica originada por la contaminación de los ríos sonorenses.
También se ofrecerá información precisa sobre el impacto ambiental que sufrió la flora, fauna, tierra y agua tras el derrame de 40 millones de litros de tóxicos registrado el pasado 6 de agosto y se emitirá un dictamen sobre el plan de remediación que diseñó en noviembre Grupo México, el cual es analizado por académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Respuesta de los alcaldes
El presidente de Aconchi, Pedro Armando Lugo, presente en la videoconferencia y en la rueda de prensa, advirtió que “llegó la hora de echar chingazos” debido a que han transcurrido cinco meses del ecocidio y los afectados “no están dispuestos a esperar más tiempo”. [PUES YA SE TARDARON, SIMULADORES]
“Vamos a esperar que cumplan con los compromisos, pero si no los respetan vamos demandar, a cerrar la mina (Buenavista del Cobre, responsable del derrame) y exigir el retiro de la concesión a Grupo México”, externó el edil ribereño.
[Ajá, «vamos a esperar». Llevan medio año esperando, mamones, y el criminal Germán Larrea risa y risa.]
El resto de los presidentes municipales –el de Arizpe no asistió– se mostraron conformes con las promesas de Lacy Tamayo mientras tanto el bloqueo carretero se mantiene en Ures y será retirado hasta que se cumplan las demandas incluidas en un pliego petitorio.
