«Gobierno» ha firmado convenios internacionales para entregar información personal y financiera de los mexicanos

Jessika Becerra
Reforma

Cd. de México, México (20 septiembre 2014).- México es uno de los países con mayor exposición internacional de los datos personales de sus ciudadanos, por lo que los riesgos de robo de información están latentes, de acuerdo con expertos.

El País ha firmado 54 convenios contra la doble tributación con cláusula de intercambio de información, 13 acuerdos de intercambio de información y una Convención multilateral con 64 países involucrados, pero se desconoce cómo se protegerán los nombres, domicilios y monto de recursos en cuentas bancarias, por ejemplo.

La Ley del Cumplimiento Fiscal sobre Cuentas Extranjeras (Fatca), que permite que las autoridades financieras reciban en automático información de mexicanos con cuentas en Estados Unidos, es sólo uno de estos acuerdos.

Adolfo González, presidente de Asociación de Profesionales de Administración de Fideicomisos y Patrimonios Sucesorios (STEP, por sus siglas en inglés), advirtió que la acumulación sistemática de información puede fallar o el equipo humano puede errar o corromperse.

«La información puede caer en las manos del crimen organizado o ser utilizada para fines distintos a los previstos, por ejemplo, chantajes», comentó González.

Víctor López Márquez y Alberto Martínez, socios del Despacho Tax&Law, plantearon que los contribuyentes no cuentan con un medio de defensa que les permita exigir que la información sea resguardada y custodiada de manera eficaz.

Las autoridades tributarias deben informar a los contribuyentes la información que es proporcionada a otro país, para determinar si califica o no como reservada.

George Hodgson, CEO a nivel global de STEP, destacó que aún no está claro cómo evitar poner en riesgo la información de la gente.

«No es sólo que el crimen organizado encuentre tu información final; hay otro tipo de vulnerabilidad; por ejemplo, en el Reino Unido, un disco duro fue perdido con la información financiera de 26 millones de personas y aún no saben donde está», comentó.

Wenceslao Renovales, presidente y secretario del capítulo México de STEP, advirtió que las autoridades no han dejado claro qué tan custodiada estará la información.

«Existe el riesgo de que vendan la base de datos a una compañía comercial o a un cártel», agregó.

Sin embargo, la Secretaría de Hacienda rechaza esas dudas.

Armando Lara Yaffar, director general de la Unidad de Legislación Tributaria de la dependencia, destacó que por Ley, el Gobierno está obligado a proteger la información.

Recordó que el Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información calificó bien la protección de datos en el País.

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