Víctor Fuentes
Reforma
Cd. de México (06 noviembre 2014).- Un juez federal ordenó dejar sin efectos la inhabilitación impuesta en febrero pasado a la empresa Oceanografía para recibir contratos públicos.
Pedro Antonio Rodríguez, juez Décimo Cuarto de Distrito con sede en Coatzacoalcos, Veracruz, declaró inconstitucionales ciertos aspectos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, que fue el fundamento de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para inhabilitar a Oceanografía por un año, nueve meses y 12 días.
«Se concede el amparo para el efecto de que se deje insubsistente la resolución de 10 de febrero de 2014, y en su lugar se emita otra en la que se determine que a Oceanografía no se le pueden aplicar los párrafos penúltimo y último del artículo 27 de la ley tildada de inconstitucional», se lee en el fallo notificado el miércoles.
Los citados párrafos establecen que cuando a una empresa se le impongan dos o más inhabilitaciones, los plazos respectivos correrán de manera sucesiva, no simultánea.
En el caso de Oceanografía, le fueron impuestas nueve sanciones en procedimientos distintos, todos abiertos por la presentación de pólizas de fianza que no cubrían al menos 10 por ciento del monto de igual número de contratos firmados con Pemex Exploración y Producción (PEP).
El juez Rodríguez también declaró inconstitucional el párrafo que refiere que las inhabilitaciones no podrán suspenderse cuando la empresa afectada las impugne mediante juicio contencioso administrativo.
El juez no ha publicado hasta ahora la versión pública completa de su sentencia, por lo que se desconocen sus argumentos para declarar inconstitucionales estas normas.
La sentencia no es definitiva, pues el Gobierno federal y el Congreso de la Unión tienen 10 días para impugnarla ante un tribunal colegiado de circuito, aunque el caso seguramente llegará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no tiene precedentes sobre este tema.
La Ley Federal Anticorrupción entró en vigor en junio de 2012, y el caso Oceanografía fue el primero de relevancia nacional en el que fue aplicada.
En julio pasado, el juez Felipe Consuelo Soto ordenó que se permitiera a Oceanografía concursar para nuevos contratos, pero como medida cautelar dictada dentro del concurso mercantil de dicha empresa, con la idea de mantener su viabilidad económica.
Posteriormente, PEP promovió un amparo contra las medidas cautelares otorgadas por Consuelo y obtuvo una suspensión para que no se le apliquen, misma que se mantiene vigente, aunque Oceanografía no aparece actualmente en la lista de la SFP de empresas inhabilitadas.
Oceanografía no ha obtenido un solo contrato nuevo de PEP, que es prácticamente su único cliente, desde noviembre de 2013.
